In memóriam a don Pablo González Casanova.
El doble discurso se ha vuelto “natural” en el rejuego político de la oposición para confrontar al proyecto de nación que impulsa el presidente de la república. Es doble no sólo en el sentido de que posea doble interpretación posible atendiendo a las circunstancias específicas en que se pronuncie sino que, diciendo algo abierta y mediáticamente, subyace una intención oculta en sus emisores que aprovechando la buena fe de la población, su desconocimiento de los hechos y del lenguaje en que se expresan e, incluso, la manipulación mediática sobre los temas nacionales; buscan ganar adeptos para su causa en tiempos prelectorales afanándose en el intento de revertir el respaldo popular con que cuenta el presidente, acudiendo a mecanismos de confrontación discursiva que se apartan de toda noción de discusión política sana encaminada a resolver los grandes problemas nacionales. A poco más de un año para la elección presidencial de 2024, la oposición política es incapaz de reconocer y admitir con valor cívico, que no tiene un proyecto de nación para ofrecer frente al electorado; y que, hasta la fecha, toda su oferta electoral gira en derredor de recapturar la jefatura del Estado para volver a gobernar con las formas y contenidos que los mexicanos rechazaron contundentemente en la elección de 2018. Ante esta carencia que les trasciende han optado por atizar y magnificar los problemas que aquejan a la sociedad; y, realizar acciones de todo tipo que contribuyan a derrumbar, o hacer fracasar, los proyectos económicos, sociales, culturales, y de obra pública, emprendidos por el presidente.
Sus instrumentos son: 1) El poder judicial federal; 2) Diputados y senadores en las cámaras y Congreso general; 3) Los partidos políticos opositores aliados, al mando único del hijo de un empresario salinista; 4) Los medios de información masiva; 5) Diversas ONG’s que se ostentan como “la sociedad civil”; y, 6) Cuantiosos recursos económicos ofrecidos, públicamente, por grandes empresarios enfrentados al presidente. Sus métodos de acción en marcha son: a) Impedir reformas a la Constitución mediante la consigna denominada “moratoria constitucional”; b) Mantener el control político funcional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, encargado de validar los procesos electorales, impidiendo la reforma legislativa de sus atribuciones, facultades, e interpretación; c) Preservar el control político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, manteniendo el número de ministros, por lo menos 8, que puedan emitir declaratorias de inconstitucionalidad sobre actos del Ejecutivo y del Legislativo; de su presidencia, para efectos de representación política y debate frente a los otros poderes de la Unión; y por su voto decisorio en asuntos, jurídica y políticamente, relevantes; d) Oponerse a que la Guardia Nacional quede subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo argumento de inconstitucionalidad; e) Buscar ganar el dominio político de la Ciudad de México; y, f) Intentar cancelar “La conferencia mañanera” acusándola de polarizar a la sociedad.
El discurso descansa en la “ponderación” de que la compleja y difícil realidad social que enfrenta el actual gobierno es responsabilidad exclusiva del proyecto político social que impulsa, como si los problemas de antidemocracia, pobreza, delincuencia y corrupción hubiesen surgido por generación espontánea; si no tuvieran pasado histórico y, la historia del país hubiese comenzado el primero de diciembre de 2018. Hoy, los partidos políticos responsables -y beneficiarios- de los fraudes electorales de 1988 y 2006, se muestran cual adalides de la democracia; quienes cuando fueron gobierno contribuyeron al empobrecimiento del pueblo mexicano, protestan porque el dinero no alcanza a las familias mexicanas; los partidos que en el pasado fueron autoritarios, se pronuncian contra “las regresiones autoritarias”; los promotores del militarismo (1968, 1971, guerra al narcotráfico, Ley de Seguridad Interior) critican la participación de la Guardia Nacional en labores de seguridad pública; y quienes convirtieron al Estado en protector de criminales, vociferan contra quien tuvo la cortesía de saludar a la anciana madre del Chapo.
El nivel de la discusión opositora está representado en los desplantes irascibles de LilyTéllez, Kenia López, Sandra Cuevas, Xóchitl Gálvez, el jefe Diego, Vicente Fox, o Felipe Calderón; en la conversión de afamados cómicos cuenta chistes en osados analistas políticos que confrontan directamente al presidente; en el neoperiodismo que, en ausencia de recursos públicos, hace de la noticia, reportaje, artículo, video, o columna, objetos de venta al mejor postor y a gusto del cliente. La profundidad del pensamiento político ya no la proporcionan los intelectuales orgánicos cuyo análisis naufraga en las aguas de la complejidad del momento político que vive el país. A falta de ideólogos partidistas y empresariales, los líderes han asumido ese papel con resultados poco halagüeños al dedicarse, nada más, a imprecar al presidente.
Bajo este diseño lógico, el doble discurso cumple un doble papel político frente a la ciudadanía: engañar e imponer una visión. Un vehemente ejemplo es el discurso que enarbola la Suprema Corte de Justicia de la Nación agregándolo a los difíciles lenguajes jurídico y de teoría política, con que arma sus resoluciones judiciales y emite sus pronunciamientos públicos. En la reciente decisión de la Corte que invalidó el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por considerarlo contrario a la Constitución, por lo que volverá a depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dejará de ser parte de las fuerzas armadas; el ministro ponente sostuvo: <<resultaría un fraude a la Constitución federal afirmar que la GN conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son soldados en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario castrense, desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma de las fuerzas armadas>>. ¿De qué “Constitución” hablan en la Corte? Ferdinand Lassalle diría, ¿de la constitución formal o de la constitución real? ¿Cuál es la relación que hay, o deba haber, entre ambas? Perogrullo quizá preguntaría a los integrantes, ¿qué se constituye con la Constitución? ¿Es la constitución, de qué? Para mejor comprensión social de sus discursos y resoluciones, haría falta que los señores ministros explicaran, claramente, ¿por qué se denomina Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿qué tiene que ver con el derecho? y, desde luego, ¿qué es el derecho? Habría un mejor entendimiento social de los conceptos con que se imparte justicia en este país.
El doble discurso genera, por principio, problemas de comprensión al dar pie a diversas interpretaciones de los hechos y, por ende, es fuente natural de posibles conflictos. El periodista Salvador García Soto narra un hecho: <<Hasta ahí todo iba bien y el diálogo era cordial, pero la situación que después molestó al Presidente —cuando seguramente la propia Rosa Icela se lo comentó— fue que la ministra Piña le comentó a la titular de Seguridad federal que al final a ella le convenía el fallo de la Corte para desmilitarizar la Guardia: “Usted será muy poderosa, porque tendrá bajo su mando a toda la corporación”, a lo que Rodríguez respondió secamente: “Eso no depende de mí, depende del Presidente, él es quien tiene el mando, no yo”. Luego vino otra pregunta de la presidenta de la Corte que incomodó también a la secretaria: “¿Qué plazo quiere usted para que entre en aplicación el fallo y el regreso de la Guardia a su secretaría?”. “Lo que marque la ley”, respondió Rosa Icela. “¿Pero usted qué plazo quiere?”, insistió la juzgadora. “El que indique la ley”, reiteró la funcionaria del gabinete>>. (La propuesta de la ministra que disgustó al Presidente (msn.com) ¿Quién respetó la ley? A García Soto no le parece censurable el planteamiento corruptor que la presidente de la Corte hizo a Rosa Icela Rodríguez y opta por cuestionar, agriamente, la reacción de “no les tomen ni las llamadas” que tuvo el presidente al enterarse del hecho.
En los asuntos públicos la divergencia sobre el sentido e interpretación de los hechos representa una auténtica disputa del Estado porque se da en una confrontación entre dos poderes de la república. Ahora bien, impedir en las cámaras las reformas a la Constitución formal que propone el presidente para que la GN pase a formar parte de la Sedena, conlleva el propósito opositor de que el texto en el cuadernillo que la contiene permanezca igual. Pero si, al mismo tiempo, en nuestra realidad social -la constitución real- el crimen organizado ha acreditado tener mayor capacidad organizativa, de letalidad, y sofisticación de su armamento, por lo cual no puede ser enfrentado por ninguna corporación policiaca civil; se hace necesaria una exigencia social para que la oposición y la Corte expliquen, clara y sinceramente, el propósito que persiguen al tomar y llevar a cabo esas decisiones.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 24 de abril de 2023.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO