El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal García, aseguró que respeta la decisión que tomó el gobernador Rafael Moreno Valle de promover la reforma energética a nivel nacional, pero aclaró que la discusión se lleva en el Congreso de la Unión, en donde la prioridad de Acción Nacional es la reforma político–electoral.
“Mientras no haya una discusión sobre las iniciativas que promovemos en materia democrática nosotros no podemos abordar otra discusión”, aclaró el legislador, tras dar a conocer las conclusiones de la reunión plenaria de los diputados panistas, realizada en la ciudad de Puebla el fin de semana.
La misma postura asumió Villarreal ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo federal incluya una reforma hacendaria dentro del paquete económico 2014, ya que enfatizó que de no salir la reforma político–electoral del PAN lo único seguro que tendrá Peña Nieto será la aprobación del presupuesto federal.
Según la agenda legislativa acordada por los representantes albiazules en dos días de trabajo, la prioridad de la bancada en el próximo periodo de sesiones será la reelección de legisladores, la segunda vuelta electoral, el impulso a los gobiernos de coalición, la desaparición del fuero, así como la reglamentación de la iniciativa ciudadana, la consulta popular, la iniciativa preferente y las candidaturas independientes.
Villareal emitió un posicionamiento sobre el respaldo de Moreno Valle a la reforma energética durante una conferencia de medios que encabezó el día de ayer con integrantes de la fracción panista y el dirigente estatal Rafael Micalco Méndez, al término de las mesas de análisis que tuvieron lugar en el hotel Presidente Intercontinental.
“Nosotros respetamos a los gobernadores, a todos y cada uno de ellos, como sabemos que respetan al Poder Legislativo”, señaló de forma escueta el coordinador legislativo a la pregunta del reportero.
Al ser cuestionado sobre si las gestiones de Moreno Valle como nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) tendrán peso a nivel nacional para lograr la aprobación de la reforma, el diputado se limitó a señalar: “La discusión la llevamos los legisladores”.
Voluntad política
Villarreal descartó que Acción Nacional esté condicionando la reforma energética o hacendaria de Peña Nieto a la aprobación de la reforma político–electoral que, desde su punto de vista, podría quedar lista en el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de septiembre con el informe del presidente del país y concluirá el 15 de diciembre.
“Hemos tenido periodos extraordinarios en los que discutimos dos, tres o cuatro reformas constitucionales y los temas que promovemos no son nuevos; ¿hace cuántos años estamos escuchando reelección, hace cuántos años estamos escuchando la segunda vuelta, hace cuánto tiempo estamos hablando de una reforma electoral de segunda generación sobre el instituto que organiza las elecciones?”.
Además, recordó que en el addéndum del Pacto por México el presidente de la República suscribió muchos de los temas en materia democrática que Acción Nacional impulsará en el próximo periodo ordinario de sesiones.
En esa lógica, dijo que de no lograrse la reforma político–electoral del alcance que consideran los legisladores panistas será por falta de voluntad política del resto de los representantes populares.
“Derecho a la vida”
La agenda temática del grupo parlamentario del PAN quedó integrada por seis ejes: México con finanzas públicas sólidas y con manejo responsable, México competitivo y próspero, México sin impunidad y con seguridad jurídica, México con seguridad y justicia, México con una democracia de resultados y México con inclusión e igualdad de oportunidades.
Dentro del eje México sin impunidad y con seguridad jurídica los diputados acordaron continuar con la defensa del “derecho a la vida”, a través de la cual han impulsado a nivel nacional y estatal reformas en contra del aborto y la eutanasia.
En la agenda se establece que la bancada impulsará una iniciativa para incorporar el derecho a la vida “en nuestro sistema constitucional en plena congruencia con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los criterios jurisdiccionales emitidos por los tribunales internacionales del sistema universal e interamericano de derechos humanos”.