El pasado martes, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rindió su segundo -y último- informe de labores al frente del máximo tribunal del país. Esta oportunidad, que pudo servirle para realizar un balance de lo realizado en su presidencia, se convirtió en un nítido espejo de su gestión: una militante enfrentando al resto de los Poderes de la Unión, sustentada en sus percepciones ideológicas, y no en los objetivos y criterios que presume poseía este Poder Judicial en vías de extinción – como lo conocemos. No olvidemos que la todavía ministra presidenta inició su “brillante” gestión con un “valiente” acto demostrativo de la “división de poderes”: no ponerse de pie en un evento protocolario ante el Ejecutivo Federal.
En su informe, Piña, además, victimizó a la Judicatura Federal, denunciando ataques y amenazas en contra de jueces y magistrados, y criticó -nuevamente- la reforma judicial.
La reforma al Poder Judicial se agrupa en el tan señalado “cambio de régimen”. Si a través del voto popular se renovaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, incluso brindando a este último atribuciones para modificar la Constitución, el Poder Judicial se había mantenido intacto en su naturaleza elitista y excluyente, ajeno a la voluntad popular manifestada mediante el sufragio.
Al analizar el Poder Judicial en México de los últimos tiempos, resulta evidente que no se trata de un “contrapeso” institucional, sino de un actor político antagónico que trabajó activamente para avanzar en sus intereses; si para eso se requiere derrocar a otro Poder, que así sea.
Este fenómeno ha sido conceptualizado como “Lawfare” y se refiere, de acuerdo con Cristiano Zanin, Valeska Martins y Rafael Valim (Lawfare. Waging War throuh Law 2022), al: “uso estratégico de la ley con el objetivo de deslegitimar, dañar o aniquilar a un enemigo”.
El Lawfare se configura como una verdadera guerra judicial, es decir, un acecho a actores específicos a partir de las instituciones judiciales prestablecidas. Un común denominador de los embates de Lawfare, sufridos por otros gobiernos en Latinoamérica, es que se trata de Presidentes identificados con reivindicaciones populares y elegidos democráticamente.
Ejemplos hay múltiples: Pedro Castillo encarcelado en Perú; Cristina Kirchner sentenciada a cárcel en Argentina; Rafael Correa exiliado de Ecuador por la persecución judicial que enfrenta; Lula da Silva, encarcelado y después liberado en Brasil, al demostrarse que la actuación del fiscal Sergio Moro, lejos de perseguir la impartición de justicia, apostaba por el “aniquilamiento político” de Lula.
De tal forma, lo que se busca a través del Lawfare es perpetuar las prebendas y privilegios de la élite, amenazadas por las pretensiones que enarbolan los gobiernos de izquierda democráticamente constituidos: “En general, la persecución jurídico-mediática es orquestada contra gobiernos que han alcanzado el poder estatal a través de un proceso electoral legítimo, por una oposición derrotada en las urnas, por lo que el Lawfare también puede ser visto como una forma de golpe de Estado blando” (Samper, Ramina y Proner, “Guerras jurídicas contra la democracia”, 2023)
Considerando estos antecedentes teóricos y prácticos, queda de manifiesto cuál es la trascendencia e importancia de la reforma judicial: remover a una élite que, lejos de estar interesada en el bienestar popular, torpedea explícitamente todas las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, disfrazándolo como “actos de justicia”.
La reforma judicial no es un simple cambio; es continuar en la materialización de lo que el pueblo de México eligió en 2018 y refrendó en 2024. Una modificación profunda de las acciones gubernamentales. Transformación electa por millones de personas, que no puede -ni debe- ser detenida por 11 ministros y por un puñado de jueces y magistrados.
La ministra Piña no se levantó en aquel acto, sin darse de cuenta de que quien ya se había levantado era el pueblo de México.