La defensa de la vida y la batalla contra el glifosato en la 4T

En la entrega pasada hicimos un breve recuento de los riesgos que representa el glifosato para la salud humana y para el medio ambiente, mismos que han sido alertados por la Organización Mundial de la Salud y documentados por instituciones internacionales. En México, la lista de agravios provocados por este agrotóxico y las empresas que lo producen y comercializan, se ha ido haciendo cada vez más extensa. Menciono solo algunos casos:

  1. En 2016 se documentó en Campeche cómo la expansión de soya transgénica tolerante al glifosato está causando la contaminación de los mantos freáticos, además de que se han encontrado residuos del herbicida en agua potable, orina y sangre de residentes de comunidades campesinas que son vecinas a los lugares donde se usa (La Jornada, 30/08/2016).
  1. El uso de glifosato ha contaminado y afectado la exportación de productos orgánicos en nuestro país, como lo han manifestado integrantes del Consejo Nacional de Producción Orgánica. Esta problemática ha sido detectada sobre todo en Campeche y Yucatán, donde los productores de miel orgánica han sido afectados por la aplicación de glifosato para la soya transgénica, ya que ambas actividades coexisten en el mismo espacio territorial. De hecho, los productores orgánicos de estos estados emprendieron una batalla legal de cuatro años contra Monsanto, hasta que lograron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara sin efecto el permiso para la comercialización de soya genéticamente modificada y el uso de su agente principal, el glifosato. La SCJN indicó que los productores de miel tienen el derecho de ser consultados sobre qué tipo de productos se utilizarán en sus campos de trabajo, a fin de respetar la garantía humana de vivir en un medio ambiente libre de contaminantes.
  1. Como también señalé en la primera parte de este artículo, estudios de la UNAM publicados en 2017 han reportado la presencia de residuos de glifosato y transgenes en productos básicos de la dieta de nuestro país, como las tortillas y las harinas de maíz amarillo y blanco de MASECA.
  1. Por si fuera poco, en abril de 2019, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) analizaron muestras de orina de 53 estudiantes de una telesecundaria en Autlán, Jalisco. En todos encontraron presencia de al menos dos de cuatro diferentes herbicidas: glifosato, 2,4-D, picloram y molinato. Los estudiantes presentaban síntomas como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y vómito. La causa: se estaban intoxicando de forma aguda con plaguicidas que rociaban en la parcela escolar (El Diario NTR, 19/08/2019).

Casos como los anteriormente señalados tienen su causa en el hecho de que, durante décadas, el glifosato y otros pesticidas entraron a México sin ningún tipo de restricciones, con la complicidad de las autoridades del más alto nivel en materia de salud, agricultura y medio ambiente. Todo ello a espaldas de la sociedad mexicana, que nula o escasa información ha tenido al respecto.

Afortunadamente, este oscuro panorama empezó a cambiar para México cuando el 26 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la “Recomendación 82/2018”, que lleva por título Sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general, dirigida principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). En dicha Recomendación les pide a estas instancias que, entre otras medidas importantes de orden normativo y operativo, establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, como el glifosato. Además, señaló que existe una fuerte debilidad en el andamiaje jurídico-institucional mexicano, ya que “El marco legal y reglamentario en materia de plaguicidas vigente en México permite la comercialización y uso de sustancias de alta peligrosidad, que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar de forma relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente” (página 14).


Un antecedente importante de esta recomendación de la CNDH es el informe Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México, publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM), por un conjunto de instituciones académicas y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en julio de 2017. En dicho documento se señala que efectivamente este herbicida es uno de los más peligrosos del mundo, de los que tienen mayor cantidad de registros para uso agrícola, urbano y jardinería en nuestro país, además de que es comercializado por al menos 45 empresas, como Monsanto (actualmente fusionada a la alemana Bayer), Dow, Syngenta (actualmente de capital chino), y por diversas firmas nacionales. En este informe se resume el estado actual de la evidencia científica que lo asocia con daños en el hígado, alteraciones hormonales, alteraciones al microbioma intestinal, relación con problemas reproductivos, neurológicos y al sistema inmune, además de numerosos daños ambientales como la contaminación del agua y la afectación a flora y fauna.

Si consideramos todos estos antecedentes, podremos comprender la necesidad, importancia, y trascendencia histórica de las medidas que ha tomado la SEMARNAT, que en noviembre de 2019 negó la importación de mil toneladas de glifosato, bajo el principio precautorio de prevención de riesgos. Desde antes de implementar dicha disposición, esta dependencia ha lanzado una campaña para evidenciar la urgente necesidad de promover una política pública agroecológica, que incluya suprimir los efectos nocivos ambientales, sociales y culturales del modelo agroindustrial (SEMARNAT, Comunicado 25/11/2019).

Ha sido tendencia que la mayoría de las recomendaciones emitidas por la CNDH, aún siendo aceptadas por las instancias a las que se dirigen, no se cumplen. Por fortuna, en este caso no ha sido así. A pesar del rechazo que generó entre ciertos sectores del empresariado agrícola mexicano, esta medida ha sido congruente no solo con la Recomendación de la CNDH, sino con la evidencia científica que existe en torno a la peligrosidad de este agrotóxico, con la exigencia que desde hace años ha enarbolado el movimiento ambientalista, campesino y la comunidad académica, pero también con la experiencia de numerosos países que han tomado medidas similares, como Australia, Inglaterra, Malasia, Alemania, Eslovenia, Suiza, Colombia, Austria, Malawi, Vietnam, Sri Lanka y Francia.

Es importante señalar que esta medida adoptada por SEMARNAT como máxima autoridad del Estado mexicano en la materia, no es un hecho aislado, pues corresponde a una de las acciones iniciales que forman parte de una política de mediano y largo plazo orientada a la eliminación gradual de los plaguicidas en general, pero también de los cultivos transgénicos como el maíz, la soya y el algodón. De tal manera que estas acciones no se reducen a un afán meramente prohibicionista, pues se está planteando implementar medidas conforme a derecho para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato, prohibir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, reducir las presiones sobre los recursos naturales, minimizar la generación de residuos y emisiones contaminantes, todo ello con el objetivo de transitar gradualmente hacia un modelo agroecológico.

Como ha sido documentado por varios medios de comunicación en las pasadas semanas, diversas embajadas y organismos empresariales como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) han reaccionado fuertemente en contra de esta nueva política. Además, han ejercido una importante presión sobre la SEMARNAT para que dé marcha atrás a las medidas implementadas y se desista de continuar con la transición del sistema agroalimentario mexicano hacia un modelo agroecológico, respetuoso de la naturaleza y de la salud humana.

La regulación ambiental y en materia de salud pública es un campo de disputa que expresa una fuerte contraposición de intereses, pero también de los proyectos de nación que se encuentran confrontados en estos momentos de búsqueda de horizontes para la construcción de una sociedad posneoliberal. Es ello parte del contexto en que llegó la pandemia de la COVID-19, la cual nos está mostrando hoy más que nunca que la humanidad necesita alimentos sanos, libres de agrotóxicos, producidos en sistemas agrobiodiversos, respetuosos de la naturaleza. La batalla no está resultando fácil. Los adversarios de la preservación de la vida son poderosos y tienen capacidad de fuerza para incidir. En contraparte, los esfuerzos por avanzar hacia la transición agroecológica solo podrán materializarse si además del Estado, las fuerzas políticas y sociales empujan hacia ello. Afortunadamente, México ya está enfilado a construir sistemas agroalimentarios inspirados en sostener la vida en comunidad, pero, además, resilientes ante las crisis del futuro.