En el pasado mes de enero se cumplió el quinto y último año de la llamada “Cruzada Nacional contra el Hambre”, una iniciativa del gobierno federal sin resultados favorables contra la pobreza alimentaria que siguen padeciendo más de 30 millones de mexicanos.
El 21 de enero de 2013, en la Comunidad de Las Margaritas, Chiapas, se anunció con pompas y esplendor el arranque de una campaña para atender a “los mexicanos que sufren hambre y malnutrición”. Al acto asistieron los miembros clave del gabinete de Peña Nieto, la mayor parte de los gobernadores, los diputados y senadores, así como el gabinete del gobierno chiapaneco, los 122 presidentes municipales de Chiapas y los representantes de la élite indígena oficialista y los caciques de la zona norte y la selva. Las cifras oficiales hablaron de 30 mil asistentes, los reporteros calcularon que no más de 15 mil.
La entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, señaló en su discurso que Las Margaritas es un municipio “simbólico”, aunque no explicó por qué; y habló de la población objetivo y de cifras de quienes viven en pobreza extrema y de aquellos que reportan carencia alimentaria y anunció el arranque de la campaña en 400 municipios del país. Los discursos que siguieron mencionaron la carencia alimentaria, la dispersión, exclusión y la palabra clave hambre que, se dijo, sería enfrentada con “una estrategia de nueva generación”.
Antes y después del acto, fue intensa la movilización de helicópteros militares trasladando a los asistentes “distinguidos” hacia la base militar y al aeropuerto de Comitán a saciar su hambre.
En esencia, se pudo decir que fue el “hambre” la que reunió al poder político del país para atenderla y traducirla en un eje de política social, cuyo patrocinio, de manera incomprensible, fue cedido a empresas trasnacionales fabricantes de productos comestibles chatarra, que, en buena medida, han contribuido al consumismo, la obesidad infantil y malnutrición.
Nunca se habló en el discurso oficial del derecho de los pueblos originarios a su autonomía, a su territorio, al cumplimiento de acuerdos de San Andrés y, mucho menos, de la soberanía alimentaria y nutricional.
Lo cierto es que la publicitada “Cruzada contra el Hambre” dependió de los presupuestos asignados a la Sedesol, institución responsable de atender a los más de 70 millones de pobres del país; sin embargo, en agosto pasado se dio a conocer el reportaje denominado “La Estafa Maestra” de Animal Político, donde se ventilan los cuantiosos desvíos multimillonarios de recursos en esta dependencia, y otras más, a través de contratos con universidades y empresas fantasma.
Finalmente, la política oficial pareciera que busca perpetuar la pobreza, que los pobres sigan siendo pobres, condición reforzada por la estrategia asistencialista que crea necesidades, clientelismo, intimidaciones, amenazas, manipulaciones y el voto cautivo.
Mientras la población en pobreza no tenga cubierta sus necesidades de alimento, educación, salud, vivienda, empleo y opciones productivas, los programas asistenciales no modificarán la pobreza, solo serán diminutos paliativos.
