En su libro 2018 la salida, (Planeta, 2017) el entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó al pueblo de México su propuesta de gobierno, en el caso de ganar las elecciones de 2018.
En el caso de la corrupción, escribe AMLO desde las primeras líneas: “Comienzo con una opinión categórica: la crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo, democrático, promotor de la legalidad, humanista y con el distintivo de la honestidad” (p. 13). Lo dicho muestra que por López Obrador sabía que la lucha contra la corrupción no era una tarea sencilla.
Más adelante, reconociendo la magnitud del problema, AMLO propone lo siguiente: “Combatir y erradicar la corrupción en todas las instancias gubernamentales. La corrupción es la que más fomenta y hace proliferar bandas del crimen organizado. Es un hecho que muchos delitos no se podrían consumar sin el contubernio de funcionarios públicos…y varios otros delitos se realizan invariablemente con la complicidad de autoridades. De ahí que debe impedirse por todos los medios la asociación entre delincuencia y la autoridad… Cero impunidad (Ibíd., p 255).
Desde ese momento el entonces candidato y luego Presidente, sabía que, por su magnitud y resistencia, era necesaria una lucha permanente contra la corrupción que se enquistaba en los tres niveles de gobierno. así ocurrió en los gobiernos neoliberales del país, donde las organizaciones del narco adquirieron una fuerza inusitada protegidas desde los más altos niveles de gobierno.
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A los neoliberales no les agradan, por lo menos eso dicen siguiendo sus dogmas, uno de ellos la privatización de empresas públicas, y si son clave en la economía nacional mejor; sin embargo, carecen de prejuicios si de enriquecerse haciendo negocios con esas empresas se trata. Cuántos contratos leoninos, siempre favorables a las empresas privadas, se firmaron y se hicieron cotidianos drenando constantemente sus recursos hacia empresarios privados nacionales y extranjeros, cuántas empresas chatarra compró PEMEX y hubo, incluso, quiénes se aprovecharon de la generosidad pensionaria de esas empresas.
Uno de esos casos sucedió en 2004 en la presidencia de Vicente Fox, con la pensión vitalicia que PEMEX le entregó a la presidenta de “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, María Amparo Casar por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la Dirección de Administración de PEMEX. En este caso, denunció el actual director general de PEMEX, Octavio Ramírez Oropeza, se alteraron los procedimientos para agilizar el pago de la pensión y seguro de vida, por accidente de trabajo, aunque los peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal encontraron, desde las primeras indagaciones, indicios de haber sido suicidio, pues Carlos Fernando Márquez Padilla cayó desde una ventana del piso 12 de la Torre de PEMEX. Finalmente se omitió esa condición, y se alteró la verdad para asentar “fallecimiento por accidente de trabajo” y hacer procedentes los pagos, que en suicidio son improcedentes. En el expediente del caso, divulgado por la Presidencia, incluye, entre otros documentos el comprobante de pago por más de 17 millones de pesos que un banco comercial hizo a los beneficiarios por concepto de seguro de vida, rembolsos de gastos funerarios, prima de antigüedad y otras prestaciones.
Conviene recordar que Carlos Fernando Márquez Padilla ingresó a PEMEX el primer día de junio 2004 y falleció el 7 de octubre de ese mismo año, es decir, laboró en la empresa 129 días y María Amparo Casar en los siguientes 19 años de la muerte de su esposo, hasta febrero de este año en que le fue suspendida, cobró 31 millones de pesos por concepto de pensión vitalicia.
Las pensiones cuantiosas, al parecer, eran una práctica muy socorrida por los funcionarios neoliberales. El 16 de noviembre de 1999, el entonces diputado Marcelo Ebrard Casaubón, en la Cámara de Diputado, se dirigió al secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, para decirle que había información de que había obtenido una pensión jubilatoria el 16 de abril de 1994, fecha en la que dejó la dirección general de Nacional Financiera (Nafin). A los 43 años de edad y cuatro de laborar en Nafin, José Ángel Gurría había obtenido un millón 127 mil pesos como finiquito y una pensión jubilatoria “dinámica” y vitalicia de 85 mil 413 pesos mensuales.
Esta situación, y otras de mayores magnitud y trascendencia, que quedan impunes, facilitan y alientan la corrupción han empezado a cambiar, hay que consolidar el cambio para seguir avanzando y erradicar de manera definitiva la corrupción, que mentira sea parte la cultura mexicana, habrá sido costumbre de tiempos idos, que para el bien de México no han de volver.
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