La oposición, y concretamente los críticos mediáticos, escarbaron, sin sustento jurídico en su piedra filosofal, para salvar a la República de una supuesta crisis constitucional. No hay, ni habrá, alguna situación de esta naturaleza. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabían cuál alternativa tendrían de autonombrarse modificadores de la Constitución o reconocer con sus posturas la letra y mandato, bien impreso, en la Constitución.
Decidir por la primera opción conduciría, ignorado su atrevimiento, de alzarse por encima de sus capacidades y mandatos como ministros. La segunda alternativa fue precisamente eso: un cauce por recuperar lo que han extraviado en su pugna política frente a los otros dos poderes de la República. El ministro Carrancá, quiso negociar, al diez para la hora como en un sabadazo cualquiera: una intención pretendidamente conciliadora. Maniobró lanzando una zanahoria a la Presidenta Sheinbaum y a los legisladores, envuelta con sus auto sacrificios. Posiciones que, de toda forma perdieron ante un Constituyente Permanente. En sus aisladas voces, trataron de restarle legitimidad a este órgano institucional, que no consta sólo de mayorías inscritas en la ley, sino el conjunto formado por el Congreso de la Unión y los similares de los estados.
Eso es parte, quizá lo esencial, de la división de poderes. Ya se vio lo que queda del Poder Judicial, que todavía se encuentra en rebeldía constitutiva de delito o desacato a sus deberes. Se les olvida que los funcionarios públicos, y los jueces lo son, sólo pueden llevar a cabo lo explícitamente ordenado por la ley.
Alegar que se vive una crisis constitucional porque, sostienen, “no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuáles son las consecuencias de las decisiones tomadas”. Vaya colección de frases sin sentido alguno. El derecho vigente está plasmado en el pacto constitucional y de él emanan las leyes que nos rigen. La autoridad encargada es, justamente, el actual conjunto judicial que anda protestando y que será reformado en pocos meses.
Las consecuencias están siendo procesadas por la ciudadanía y no tardarán en mostrarse con claridad inobjetable. El poder que ejerza el pueblo elector de jueces, magistrados y ministros, acomodará las piezas faltantes. Elementos que hablarán con independencia efectiva, como lo hacen respecto de los legisladores o del mismo Ejecutivo federal y local.
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Todos y cada uno de ellos usa, ese legítimo mandato popular, justamente ante cualquier intento de someterlos. Fincar la aparente defensa de los jueces en los modos tradicionales de ser nombrados es, con mucho, una ruta probadamente sinuosa y sometida a presiones, corrupción y conjuras. El actual es un tinglado de componendas que implican a poderes fácticos, partidos y medios de comunicación, que claman por el retorno de la acostumbrada impunidad: baste cuantificar las condenas o castigos a juzgadores que han tergiversado sus ordenamientos para justificar buena parte de las razones para oponerse a la reforma integral del Poder Judicial.
La Constitución ya es Ley Suprema que se ratificó con sus actuales modificaciones. La ruta que los críticos eligieron, basada en argumentos vagos y equivocados, acarrea la cantaleta que cataloga, al actual gobierno, como autocrático. Sus apreciaciones erradas los distancian del pueblo y sus necesidades. Ahora no les queda de otra que apegarse a la supremacía constitucional, conclusión muy distinta a la perseguida con sus torpes pretensiones.
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