La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) acreditó violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contra una mujer detenida en Coronango en 2021. Por lo que emitió la recomendación 08/2025, en la que reconoce actos de tortura física, sexual y psicológica.
De acuerdo con el expediente 5137/2021, la víctima fue detenida el 19 de noviembre de ese año en su domicilio, ubicado en San Francisco Ocotlán, Coronango, sin que se presentara una orden de aprehensión. Actualmente la mujer continúa privada de su libertad en el Centro Penitenciario de Puebla, como se establece en la propia recomendación, la cual señala que su causa penal se encuentra en etapa intermedia, con la posibilidad de una salida alterna.
La CDH Puebla omitió el nombre de la víctima en su documento, como medida de protección a su privacidad y la de sus familiares.
Según la documentación oficial, la víctima fue sacada por la fuerza, golpeada y, de acuerdo con el informe, los agentes también agredieron a los vigilantes del fraccionamiento. Durante el operativo las cámaras de videovigilancia del lugar habrían sido destruidas por los propios policías.
Posteriormente fue trasladada al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5) donde, según la CDH, fue sometida a actos de tortura para obligarla a aceptar su responsabilidad en un delito. La víctima denunció haber sido asfixiada con un pasamontaña hasta perder el conocimiento, golpeada, agredida sexualmente, electrocutada en sus genitales y forzada a desnudarse. También reportó amenazas contra su hijo y su madre.
Durante varias horas sus familiares intentaron localizarla sin éxito en distintas instancias, como la Casa de Justicia, el C5 y la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE). Cuando finalmente supieron que se encontraba retenida en el C5 se les negó el acceso con el argumento de que no eran representantes legales ni familiares directos.
Como parte de su investigación la CDH Puebla aplicó a la víctima el Protocolo de Estambul, herramienta internacional reconocida para documentar casos de tortura. El resultado confirmó lesiones físicas y secuelas psicológicas compatibles con los hechos denunciados.
En este sentido, la víctima describió agresiones físicas, sexuales, golpes, descargas eléctricas y violencia institucional durante su detención y retención en instalaciones oficiales.
Además de permanecer en prisión, la mujer denunció ante la CDH que no ha recibido atención médica adecuada al interior del penal. Pese a haber sido reconocida como víctima de tortura su proceso penal continúa activo y, al momento de emitirse la recomendación, no ha sido liberada.
En marzo de 2022 la SSP intentó que la CDH se declarara incompetente para continuar con la queja a través del oficio SSP/DGAJ/SC/DAJ/002056/2022, argumentando que la mujer se encontraba vinculada a proceso penal, por lo que el caso debía ser resuelto por la vía judicial.
No obstante, el organismo autónomo logró desestimar dicha queja, al tratarse de violaciones graves a derechos humanos cometidas por servidores públicos estatales.
Ante la gravedad de los hechos, la CDH Puebla emitió una serie de recomendaciones a la SSP, entre ellas:
- Proveer atención integral a la víctima como parte de la reparación del daño.
- Otorgar una compensación económica por los daños sufridos, incluidos posibles perjuicios económicos.
- Dar vista a la Unidad de Asuntos Internos para iniciar procedimientos administrativos y/o penales contra los servidores públicos involucrados.
- Instruir al personal de la SSP para abstenerse de incurrir en actos que violen los derechos humanos.
- Implementar programas de capacitación continua en derechos humanos, con énfasis en el respeto a la integridad y seguridad personal.
Finalmente, la CDH exhortó a la SSP a cumplir íntegramente con la recomendación, a fin de evitar la repetición de hechos similares.
FGE capacitará a agentes de la SSP para prevenir tortura policial
La fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Bentancourt, informó que se actuará contra la tortura policial y que se capacitará a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.
Durante la firma del convenio de colaboración entre la FGE y la Judicatura del Poder Judicial del Estado se acordó capacitar y profesionalizar a los elementos de la SSP en la prohibición absoluta de la tortura.
La fiscal explicó que este acuerdo responde a una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigida a varios países de la región.
Pastor Bentancourt detalló que las capacitaciones iniciarán este viernes y se impartirán por bloques, comenzando con los agentes de investigación. El programa tendrá una duración de cuatro semanas e incluirá materias relacionadas con la atención a víctimas y el enfoque de género.
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