Organizaciones que luchan por el tránsito sin motores acusaron ayer al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), José Félix Cerezo Vélez, de “defender a violentadores viales”, pues el organismo impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) seis artículos de la recientemente aprobada Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, lo que entre otras cosas supone revertir la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil y las sanciones a conductores en estado de ebriedad.
Los activistas dijeron que con esta acción la comisión pretende invalidar los artículos sobre retiro de la licencia de conducir a personas que conducen en estado de ebriedad y la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para proteger a víctimas afectadas por siniestros de tránsito.
Agregaron que este litigio podría producir un precedente negativo y un grave retroceso para la garantía del derecho constitucional a la movilidad de todas las personas “en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” establecido en el artículo 4 de la carta magna y en la propia Constitución del estado de Puebla en su artículo 12.
Dijeron que esta es la primera acción jurídica en contra de las leyes que más de 107 organizaciones agrupadas en la Coalición Movilidad Segura han impulsado en México para garantizar el derecho a la movilidad segura.
Las organizaciones hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la improcedencia de esta acción de inconstitucionalidad y establezca un precedente que prevenga futuras interpretaciones o acciones jurídicas contrarias al artículo cuarto constitucional y a los compromisos internacionales de los que México es parte.
“Es inaceptable que un organismo de defensa de los derechos humanos actúe contra la regulación y legitime conductas que en nuestro país causan la muerte a 16 mil personas cada año, provocando profundo dolor a familias, y afectando directamente a nuestra niñez. Llamamos a todas las personas defensoras de derechos humanos en México a ponerse al día sobre la construcción del derecho a la movilidad segura, a prepararse para su defensa y a considerar la evidencia científica y las mejores prácticas nacionales e internacionales que han funcionado para proteger y promover este derecho.” señaló Alejandra Leal, coordinadora nacional de la Coalición Movilidad Segura.
“El actuar de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla está en abierta contradicción con el derecho humano a la movilidad segura y en especial en contra de las víctimas de siniestros de tránsito, a quienes sin duda no contempló en sus argumentos, dejando de lado sus derechos y posicionándolas en un estado de indefensión inaceptable.” dijo Paola Lara, coordinadora de la Red de Abogadas y Abogados por la Movilidad Segura.