Lunes, julio 15, 2024

¿JUSTICIA LABORAL?

Ayer el gobernador Salomón Céspedes Peregrina declaró “no estar de acuerdo” con el cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla, con más de 10 mil expedientes en litigio, por lo que anunció que está buscando un encuentro con el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) para informarse del caso, ya que no fue notificado por el gobierno federal del cierre de la Junta Federal número 33 y el desplazamiento de los casos a Tlaxcala y Oaxaca.

El caso del cierre de la Junta Federal no solo tomó por sorpresa al gobernador del estado, sino también a los usuarios (trabajadores y empleadores), abogados y al mismo presidente del organismo, luego de que se publicara el pasado lunes el decreto mediante el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instruyó el cierre. El pasado martes un grupo de abogados protestó frente a las instalaciones de la Junta Federal, que se ubican en la calle 31 Poniente 2904 de la ciudad de Puebla, y advirtieron que iniciarán una serie de recursos de amparo para defender a sus clientes, por lo que consideraron un atentado contra los derechos de trabajadores.

Llama la atención la medida y la falta de información hacia las autoridades locales, pero también refleja la ausencia de comunicación y coordinación entre los diversos ámbitos de gobierno que entorpece las acciones gubernamentales, con afectaciones directas para los involucrados. Por el momento hay opacidad con respecto a las implicaciones de esta medida porque se desconoce desde cuándo serán trasladados los expedientes y bajo qué criterio, por lo que todavía se deberá esperar a que se emitan tesis, criterios o lineamientos que den solución a inconformidades o incongruencias que están surgiendo.

No solo los trabajadores que tienen sus casos activos en la desaparecida Junta en Puebla resultarían afectados, sino aquellos que ahí laboran y que por el momento no tienen claro su destino laboral. Suponíamos en días pasados que las autoridades laborales buscaban con esta medida avanzar en la reforma laboral ya aprobada en materia de justicia laboral que supone la desaparición de las Juntas de Conciliación, sustituyéndolas por Centros de Conciliación y Tribunales electorales, pero que no avanza porque los casos pendientes son muchos y en algunos casos de muchos años, aunque tampoco se han destinado los recursos para hacerlo y resulta un contrasentido que en busca de mayor justicia se sacrifique a los que siguen en litigio.

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