El pasado 14 de abril se dio a conocer que un juez absolvió a José María Sosa Álvarez del delito de homicidio en contra de su expareja sentimental Paulina Camargo Limón, quien permanece desaparecida desde hace nueve años. Si bien la resolución permite a Sosa salir del penal de San Miguel en donde actualmente se encuentra, permanecerá en el reclusorio debido a que enfrenta otro proceso penal por el delito de desaparición de personas.
Sin embargo, el juicio por desaparición forzada de Paulina Camargo Limón, joven de 19 años y con cuatro meses de embarazo que fue reportada como desaparecida desde el 25 de agosto de 2015, sigue aplazado; la audiencia ha sido otra vez prorrogada y el proceso que atraviesa la etapa intermedia no cuenta con fecha ni juez para su reprogramación.
Ayer los familiares de Paulina Camargo, cuya madre Rocío Limón se convirtió en una madre buscadora, se manifestaron frente a la Fiscalía y la Casa de Justicia, con el reclamo de que la justicia les falló, además de que el juicio por desaparición está parado.
José María Sosa Álvarez fue sentenciado a 16 años y seis meses en prisión acusado del delito de homicidio simple intencional y aborto en contra de Paulina Camargo Limón desde febrero de 2019; la defensa del joven, mediante recursos y amparos, logró que su caso fuera revisado. Un nuevo juez ratificó la condena el pasado 2022, aunque ahora la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal del Estado de Puebla dejó insubsistente la sentencia.
En marzo de 2018 la defensa de Paulina Camargo Limón, mediante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, inició el proceso bajo el delito de desaparición de persona cometida por particulares que estaba sustentada en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada unas semanas antes y donde en su artículo 34 establece que la desaparición cometida por particulares consiste en “privar de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero” y tiene una pena de entre 25 y 50 años de prisión. Han pasado seis años y el juicio no avanza, lo que revela la gran injusticia que priva, donde los procesos dilatan años sin esclarecerse y por tanto resolverse, frente a la impotencia de las familias que demandan justicia.