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En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) todavía hay 32 mil expedientes en trámite y para abatir ese rezago transcurrirán entre 10 y 12 años, dio a conocer Carlos Alberto Toriz Morales, secretario del Trabajo en el estado de Puebla.
En entrevista, comentó que actualmente se están desahogando un promedio de mil 500 asuntos por mes, pero la cantidad varía en función de los recursos a los que vayan acudiendo las personas involucradas.
“Tiene que ver con las partes, de acuerdo al avance que dé cada una de las partes. Nosotros, desde la Secretaría del Trabajo, la presidenta de la Junta, hemos realizado algunas acciones jurídicas, como caducidad, prescripción, conciliación, para ir disminuyendo ese rezago, pero también hay una partes que van a salir de nuestra competencia porque se determina por parte de otras autoridades y de las mismas acciones legales que en los juicios se llevan”.
El funcionario comentó, sin precisar la cantidad, que la JLCA continúa con la misma cantidad de trabajadores, con la ventaja de que ya no están recibiendo más casos.
Expuso que para este año ya no se podría aumentar el presupuesto a la Junta, toda vez que los recursos para 2024 fueron programados desde 2023.
Carlos Alberto Toriz dijo que el apoyo para la institución es que se le ha mantenido intacta la plantilla de trabajadores, a diferencia de juntas de otras entidades que, cuando cerraron, suprimieron puestos.
“Sería cuestión de presentar algún proyecto con la nueva administración, puesto que ya nosotros estamos en cierre, ya programamos nuestro presupuesto, vamos a culminar con las acciones de aquí hasta el 13 de diciembre”.
Por otra parte, el secretario se dijo partidario de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) siga operando en Puebla y que los expedientes no sean trasladados a Oaxaca o a Tlaxcala, tal como se estableció en un decreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), publicado el pasado 17 de junio.
Indicó que, al ser un tema netamente federal, la dependencia a su cargo no puede intervenir en las pláticas que tengan abogados laboristas con las autoridades de gobierno mexicano.
No obstante, consideró inviable que las personas se puedan trasladar hasta las entidades mencionadas para resolver sus casos.
Recordó que el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ya se comprometió a gestionar una reunión con el titular de la STPS para hacerle saber los inconvenientes de cerrar la JFCA.
Lo anterior tras entregar equipos para a 136 proyectos de 36 municipios del estado, con una inversión superior a los 9 millones de pesos, además de herramientas y maquinaria para 321 cooperativistas por 3 millones 733 mil pesos.