Sábado, diciembre 4, 2021

JUICIOS DE PENSIÓN: ENTRE LA LENTITUD Y EL BUROCRATISMO

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El Poder Judicial del Estado de Puebla, tras una solicitud de transparencia de la que damos cuenta hoy en este medio informativo, reveló que, desde enero del año 2020 a febrero de 2021, en tribunales se acumularon 2 mil 718 expedientes por pensión alimenticia, de los cuales solamente 215 tuvieron sentencia.
Lo anterior no deriva solo de la emergencia sanitaria, ya que la lentitud de estos procesos, que afecta principalmente a las mujeres y a la niñez, se puede atestiguar por la estadística histórica de estos procesos. Por ejemplo, desde 2015 a la fecha, se han interpuesto más de 18 mil juicios alimenticios, pero solo 13 mil de estos casos fueron juzgados y alcanzaron sentencia. Es decir, en los últimos siete años existen más de 5 mil casos que están en proceso, suspendidos, en carpetazo o simplemente, pendientes.
Además, en los casos resueltos nada garantiza que la pensión alimenticia asignada sea suficiente para lograr el bienestar de los niños y niñas. Las razones son muchas, comenzando por la subjetividad de las autoridades que tienen la facultad de decidir dónde persiste una cultura patriarcal que coadyuva a que los padres eludan las responsabilidades económicas.
El Poder Judicial y su burocratismo desestimula a muchas mujeres a entablar una demanda por pensión alimenticia, teniendo que afrontar ellas la responsabilidad de sostener a las y los hijos. Las que deciden presentar la demanda se enfrentan a procesos cuesta arriba, frente a un Poder Judicial donde la lentitud es lo que priva. Incluso para aquellos casos resueltos donde hay una sentencia, que es obligatoria por ley, se enfrenta al problema de que la pensión se pague.
El incumplimiento de la obligación alimentaria ejercida por el hombre hacia su pareja e hijos se considera en Puebla como parte de un delito de violencia económica por implicar la desatención a la obligación de dar a la mujer e hijos, comida, vestido, alimentación y asistencia a médicos, así como material para la educación de los menores estudiantes. En Puebla se aprobó en 2020 la reforma a la fracción III del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, donde se considera el incumplimiento a pagar la pensión alimenticia como violencia de género.

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