Gustavo Castillo y César Arellano
Ciudad de México. La jueza, Diana Selene Medina Hernández, suspendió la audiencia de imputación —programada para mañana martes— en contra de María Amparo Casar López, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se le acusaría de ser presunta responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la hipótesis de haber incurrido en promoción ilegal de autorización de contenido económico, y obtenido en 2004 una pensión vitalicia por parte de Petróleos Mexicano (Pemex).
Por esa razón también se canceló la comparecencia en la cual se imputaría a dos ex funcionarios de Pemex, por el mismo delito, pero en la hipótesis de uso ilícito de atribuciones y facultades por haber participado en la autorización y promoción del pago de la pensión de 125 mil pesos mensuales desde octubre de 2004, ya que supuestamente ese beneficio se otorgaría siempre y cuando el trabajador hubiera fallecido por accidente laboral, y en este caso se concluyó que fue suicidio.
Formalmente, la jueza Medina Hernández ordenó “devolver” la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía General de la República (FGR), “en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos por los que se instruye la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEDHCAE-CDMX/0000221/2024“.
Así, el expediente, si el Ministerio Público Federal decide continuar con el procedimiento de imputación, quedará en manos de un juez con sede en el Reclusorio Norte, ya que en junio de 2024 el juez Gerardo Alarcón López autorizó la práctica de dos diligencias relacionadas con este caso.
El resolutivo también “advierte una falta de diligencia en el actuar” por parte del CJPF del Reclusorio Oriente y “se conmina a la administradora adscrita a este órgano jurisdiccional para que, en lo subsecuente, evite incurrir en ese tipo de omisiones injustificadas, en detrimento de los justiciables, pues, en caso de reiterar esa conducta contumaz, se dará vista al Órgano de Administración Judicial, para que tome las medidas necesarias al respecto”, ya que consideró que cuando se autorizó y programó la audiencia de imputación, el caso debió turnarse a un juzgador con sede en el Reclusorio Norte.
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