Una jueza del Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, en la capital poblana, resolvió revertir la decisión judicial emitida hace una semana que había permitido la liberación de Ricardo N., el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica, tras la modificación de las medidas cautelares.
Con la nueva determinación, el acusado deberá permanecer en prisión preventiva justificada. Así lo confirmó Andrea Lezama Bonilla, activista por el reconocimiento de la violencia vicaria en Puebla y México, al término de la audiencia celebrada para revisar la medida dictada días atrás.
En esta ocasión, la jueza de control Alejandra Román Pérez, quien había otorgado el arresto domiciliario, vio revertida su resolución. De acuerdo con Lezama Bonilla, la audiencia contó con la participación de Diana Gómez González, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La activista celebró que la FGE haya impugnado la decisión previa, pues señaló que la falta de preparación de la agente del Ministerio Público que representó inicialmente el caso había contribuido a que se concediera una medida más laxa.
El Poder Judicial había incurrido en contradicciones al otorgar el arresto domiciliario, ya que en la propia resolución reconocía la existencia de un riesgo de sustracción del hijo de 12 años de Andrea Lezama si Ricardo N. permanecía en libertad, situación que la jueza Román Pérez no consideró suficiente para mantener la prisión preventiva.
Finalmente, Lezama Bonilla agradeció el respaldo de los colectivos y de la sociedad que han acompañado su proceso judicial, luego de haber permanecido separada de su hijo por más de seis años.
