Violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a tratados internaciones, así como discriminación por parte del Registro Civil del estado de Puebla, acusan Emmanuel Romero Cázares y Alejandro Romero Cigarroa, a quienes se les negó el derecho al matrimonio igualitario por tener VIH.
En una entrevista concedida a La Jornada de Oriente , exhibieron que cuando menos en cuatro ocasiones acudieron a las oficinas del Juzgado Cuarto, ubicadas en el Paseo de San Francisco, en la capital poblana, para proporcionar la documentación necesaria y exponer su situación; nunca les dijeron que había algún impedimento para contraer nupcias.
El jueves 28 de abril de 2022, día que eligieron para casarse, abruptamente la juez del Juzgado Cuarto, Paola Díaz Aranda, se negó a unirlos legalmente, escudándose en que el Código Civil de Puebla no lo permitía.
Los afectados refirieron que la servidora pública incurrió varias veces en contradicciones, ya que por momentos les decía que sí, en otros que no y en algunos más prometía unirlos ese mismo día a las 6 de la tarde, a pesar de que a esa hora las oficinas ya estarían cerradas; o al día siguiente, cuando a ambos con antelación les habían informado que los viernes no se realizaban matrimonios.
La pareja estuvo alrededor de tres horas en el lugar y sospechan que lo que quería la juez era obtener dinero, puesto que los pasó a un privado y les dijo que “había forma de resolver las cosas”.
“Sonaba a que quisiera que le pagaran un incentivo”, expuso Alejandro Cigarroa.
Ante el conflicto registrado, Emmanuel llamó a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para solicitar la intervención, así como al abogado Marco Antonio Moreno Rosado, de la asociación civil México Igualitario, nodo Puebla,
Durante la espera, la pareja indicó que fueron hostigados, pues la juez llamó al personal de seguridad para que los llevara a esperar en otra área de las oficinas, además de cuando le dijeron que llegaría un representante del organismo defensor, ella le comentó a uno de los contrayentes “hazle como quieras” y le pidió que no llorara.
Además a Emmanuel y Alejandro se les pidió no acercarse “tanto” el uno al otro, pretextándoles que era por la epidemia de Covid–19.
Más tarde, cuando llegó el visitador, este le refirió a Paola Díaz que la Constitución y una jurisprudencia permitían la unión, pero la juez reiteró su negativa y se encerró en su oficina diciendo que lo que le estaban haciendo era hostigamiento.
Al final, a pesar de que él y el abogado le insistieron que estaba incurriendo en violaciones a la ley y en discriminación, Emmanuel y Alejandro no pudieron casarse.
Pareciera que hay serofobia institucional: México Igualitario
Marco Antonio Moreno Rosado, integrante de México Igualitario declaró a La Jornada de Oriente que el caso de Emmanuel Romero Cázares y Alejandro Romero Cigarroa debe sentar un precedente en Puebla y orillar a reformas del Código Civil y Penal para que no se repitan situaciones similares y para que a las personas seropositivas no se les dé tratamiento de delincuentes desde las mismas instituciones de gobierno.
Resaltó que hay una discriminación estructural, porque esta situación de negativa al matrimonio igualitario a personas con VIH se ha presentado no solo en el Juzgado Cuarto del Registro Civil, sino también en el Primero.
“Más bien parece una actitud serofóbica, de desdén hacia las personas que viven con VIH. También hay un asunto de homofobia; tenemos casos registrados de parejas heterosexuales en los cuales alguno es seropositivo o seropositiva, pero no se les ha negado el matrimonio. Siempre sucede cuando son parejas del mismo sexo, especialmente parejas de hombres, es decir hay una sutil y sugerida homofobia detrás de estas negaciones que se pretextan a través de las condición seropositiva de quienes solicitan (la unión)”.
Añadió que el Poder Ejecutivo, es decir el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, podría ordenar que la dirección del Registro Civil, a cargo de Manuel Carmona Sosa, no aplique leyes discriminatorias, tal como lo hacen en otras entidades federativas.
Enfatizó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación por condición de salud de manera expresa, “no podemos estar argumentando que un Código Civil, que está por debajo de la Constitución, diga lo que diga, y violar un derecho humano, es decir ese es un pretexto legal para discriminar”.
Recordó que desde 2011 se hizo una reforma en materia de Derechos Humanos en México, y Puebla sigue teniendo leyes caducas y conservadoras porque en cada Legislatura evaden la armonización.
Agregó que pareciera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo el trabajo del Congreso del Estado, de reconocer los Derechos Humanos en el estado de Puebla, ya que los diputados están más enfocados en temas políticos o de presupuesto.
Alehi Balderas Sandoval, abogada e integrante de México Igualitario, abundó que al parecer hay una línea desde la dirección del Registro Civil de impedir los matrimonios entre parejas del mismo sexo que tienen VIH.
Asimismo, informó que precisamente ayer un juez de distrito concedió una suspensión provisional, que ordena a la juez Paola Díaz Aranda que lleve a cabo el matrimonio entre Alejandro y Emmanuel.
Apuntó que falta que se resuelva si hubo afectación a Derechos Humanos, lo cual dijo es evidente sí existió. De resultar el fallo a favor de la pareja, la jueza tendría que dar una disculpa pública en la forma en que los afectados definan.