La juez Quinto de Distrito requirió formalmente a la empresa Concesiones Integrales que presente informes sobre el saneamiento de los ríos Atoyac y Alseseca o en caso contrario la firma se haría acreedora a una multa por cada día de incumplimiento, reveló René Sánchez Galindo, promotor de la demanda colectiva contra la firma.
En conferencia de medios, el activista subrayó que este es un importante avance de la demanda colectiva promovida contra la firma, puesto que esta se verá obligada no sólo a presentar los informes si no a un objetivo mayor que es el saneamiento de las aguas residuales.
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Manifestó que la empresa ya se inconformó por la solicitud de la juez; sin embargo, su recurso no procede, debido a que la determinación de la togada se basa en un interés colectivo para evitar enfermedades por la severa contaminación de los ríos.
En conferencia de prensa afirmó que con esta determinación la empresa está obligada a informar sobre el cumplimiento de la orden de la juez, ya que en caso contrario será acreedora a multas por desacatar el mandato judicial.
Cabe resaltar que el requerimiento de información está relacionado con la medida cautelar emitida por la misma juez, la cual obliga a Concesiones Integrales a sanear las aguas residuales de la ciudad de Puebla y la zona conurbada mientras se resuelve la demanda colectiva presentada por un grupo de activistas en su contra.
Sánchez Galindo afirmó que la empresa no solo podría ser sansionada por no presentar los reportes sino también por no sanear los ríos, por lo que las sanciones podrían ser más severas.
Asimismo, agregó que este 1 de Mayo entró en vigor el segundo “tarifazo” del año por parte de Concesiones Integrales, es decir hay un nuevo aumento de las tarifas autorizado por el Congreso del estado en la reforma del año pasado.
En su opinión, el incremento de las tarifas no está “justificado”, ante el cúmulo de denuncias por falta y escasez del suministro en más de 300 colonias, así como por las anomalías en la operación de la empresa.
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El pasado 23 de abril, el propio Sánchez Galindo expuso que el grupo de activistas que promovieron la demanda colectiva, así como expertos en el tema y exservidores públicos conformarán una agrupación denominada “Guardianes de los Ríos” para vigilar el cumplimiento de lo decretado por la togada.
Ese día indicó que el saneamiento deberá realizarse con base en la norma oficial mexicana en materia de descargas de agua y saneamiento, así como apegarse al acuerdo específico de la cuenca del Atoyac.
Sin embargo, subrayó que el juicio aún no se resuelve de fondo, si no que se trata de una determinación tomada por el juez para evitar focos de infección en la población provocados por el agua no tratada en la cuenca del Alto Atoyac.