Tras una semana de controversia judicial, una juez del Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, en la capital poblana, resolvió revertir la liberación de Ricardo N., el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica, quien ahora deberá permanecer en prisión preventiva justificada.
La decisión se da luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) impugnara el fallo emitido por la juez Alejandra Román Pérez, quien había modificado las medidas cautelares en favor del imputado y le había otorgado arresto domiciliario sin brazalete electrónico, pese a reconocer el riesgo de sustracción del menor hijo de la víctima, Andrea Lezama Bonilla.
En declaraciones previas, Andrea Lezama Bonilla, activista por el reconocimiento de la violencia vicaria en Puebla y México, denunció que tanto el Ministerio Público (MP) como el Poder Judicial del Estado fueron corresponsables de aquella liberación inicial.
Acompañada por colectivos de mujeres frente al Centro de Justicia Penal de la 11 Sur, Lezama recordó que la agente del MP, Marisela Domínguez Hernández, acudió a la audiencia de revisión de medidas cautelares sin la preparación adecuada, lo que debilitó la defensa institucional.
“La falta de profesionalismo institucional termina por afectar a las víctimas”, sentenció la activista, al referirse a la actuación de la funcionaria que, durante la audiencia, confundió aspectos esenciales del procedimiento y requirió apoyo de otro agente para continuar sus argumentos.
A este hecho, añadió Lezama, se sumó la contradicción de la juez Román Pérez, quien, aun reconociendo el riesgo de sustracción del menor, concedió el arresto domiciliario bajo el argumento de que el imputado carecía de recursos para pagar un brazalete electrónico, pese a que minutos antes su defensa había ofrecido cubrir una garantía económica.
Lezama recordó que Ricardo N., su expareja sentimental y padre de su hijo, mantuvo sustraído al menor durante seis años, impidiéndole ejercer su custodia y el derecho a convivir con él.
Además, el imputado evadió la justicia por tres años, ignorando los citatorios de la FGE hasta que fue localizado y detenido en Baja California Sur, desde donde fue trasladado a Puebla.
Por estos hechos y por la violencia ejercida contra Andrea Lezama y su hijo, el acusado había sido vinculado a proceso con prisión preventiva justificada, condición que se modificó brevemente por decisión de la juez Román Pérez.
La activista también recordó que existe una denuncia pública y otra ante el Consejo de la Judicatura del Estado contra la misma juez, debido a que en mayo pasado liberó a otro imputado sin revisar adecuadamente las pruebas en su contra.
Tras la resolución controvertida, la FGE presentó un recurso de impugnación. En la nueva audiencia, la representación ministerial estuvo a cargo de Diana Gómez González, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, quien solicitó restablecer la prisión preventiva justificada, petición que fue aceptada por la jueza revisora.
El caso de Andrea Lezama Bonilla es uno de los más representativos en la lucha por el reconocimiento de la violencia vicaria en México, un tipo de agresión que se ejerce contra mujeres a través de los hijos, con el objetivo de causar daño emocional y perpetuar el control del agresor.
Finalmente, Lezama agradeció el acompañamiento de los colectivos feministas y de la sociedad civil que han respaldado su proceso, luego de más de seis años de lucha judicial para recuperar la custodia de su hijo y sentar un precedente contra la impunidad en casos de violencia vicaria.
