Si por alguien no hay que votar en la próxima elección judicial es por Lidia Antonio Sánchez, quien representa al podrido sistema de impartición de justicia que hay en Puebla. Prueba de esa condición es que esta mujer, en su calidad de jueza de Distrito, se negó a otorgar prisión preventiva a cinco agentes policiacos de Izúcar de Matamoros, así como a un exjuez municipal, que estuvieron involucrados en la tortura y abuso sexual contra dos periodistas de esa demarcación.
Hace unos días, tal como se narró en este espacio periodístico, un Tribunal Colegiado ha echado abajo la resolución de Lidia Antonio Sánchez y ha ordenado la aprehensión de los imputados, luego de exhibir que la jueza ignoró las más de 100 pruebas que demuestran los abusos que se cometieron contra las reporteras Michelle y Natali Hoyos, en marzo de 2023 y que al parecer fueron ordenados por la entonces alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres.
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El fallo de la instancia colegiada llega muy tarde y resulta obsoleto, pues los imputados por el delito de desaparecer la documentación oficial de la Policía de Izúcar de Matamoros para ocultar la tortura contra las periodistas, tuvieron solamente 10 meses –más que suficientes– para huir y ahora no estar localizables.
Y esa responsabilidad recae directamente en Lidia Antonio Sánchez, quien negó la prisión preventiva de los acusados.
Esta mujer es actualmente jueza de Distrito en Materia Penal y se registró como candidata a jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio. Es decir, busca repetir en el mismo cargo.
En su muy abundante promoción para contender en los comicios del próximo 4 de junio, con todo desparpajo, Lidia Antonio Sánchez se la pasa advirtiendo que ella tiene mucha experiencia y una sólida formación académica, lo que no ocurre con la mayoría de los aspirantes.
Efectivamente si se revisa su trayectoria se advierte que inició laborando como chofer y ayudante en el Poder Judicial, y de así transitó por muchos cargos, dos posgrados, docenas de cursos y hasta que finalmente llegó a ser proyectista en el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Todo eso le valió, según ella, para llegar a ser jueza del fuero federal en materia penal.
Nadie pueda negar que, si tiene una larga, muy larga, trayectoria, pero su actuación se inscribe en lo más podrido del actual Poder Judicial, que es liberar a los delincuentes y negarle la justicia a las víctimas de la delincuencia o de los abusos de poder.
Para nadie es un secreto que, si hasta ahora, no se ha logrado imputar a la exedil Irene Olea Torres, es porque hubo una protección del gobierno del estado de la pasada administración.
Uno de los funcionarios de alto nivel que habría actuado para inclinar la balanza a favor de Olea Torres, fue Julio Miguel Huerta, quien fue secretario de Gobernación.
Las víctimas de la tortura un día lo interceptaron, durante una gira a Izúcar de Matamoros, para denunciar las 6 horas que estuvieron incomunicadas en los separos policiacos, en donde las golpearon y abusaron, y la respuesta de Julio Huerta fue una sonrisa socarrona y la frase tradicional: “vamos a revisar el expediente”.
El caso de estas jóvenes comunicadoras de la Mixteca poblana es inédito y de gran relevancia para la defensa del la libertad de expresión y la labor del gremio periodístico.
Es la primera vez que unas periodistas han tenido la valentía para resistir las presiones oficiales y recurrieron a la vía legal para denunciar la brutalidad de un gobierno.
Nunca en el gremio de periodistas de Puebla se había logrado que, un caso de agresión contra reporteros fuera atraído por la Fiscalía General de la República y que esta instancia armara una carpeta de investigación con más de 10 tomos de testimonios, de pruebas periciales y reconstrucción de los hechos.
Además, aplicara el Protocolo de Estambul que demostró que si hubo tortura contra Michelle y Natali Hoyos, el cual supuestamente es un delito grave.
Y lo más grave, nunca en Puebla se había vivido que una testigo clave de un agravio contra periodistas fuera asesinado para que no rindiera su declaración oficial, tal como ocurrió con Socorro Barrera, quien era una “testigo protegida” de la FGR y fue ejecutada a tiros.
Todo esto que se había avanzado se topó con la deleznable actuación de la jueza Lidia Antonio Sánchez.
Por eso México está jodido.
