Juez ordena que sea público el contrato de Concesiones Integrales

A seis años de haberse privatizado el servicio de agua potable en Puebla, el Colectivo Hermanos Serdán ganó un amparo para que se haga público el contrato de Concesiones Integrales, hasta ahora considerado información clasificada y reservada hasta 2023.

El juez federal Manuel Rojas Fonseca ordenó que el convenio que se había mantenido en opacidad desde 2013 a la fecha debía ser conocido por cualquier ciudadano, pues aunque se había permitido la consulta –no completa de este documento–, no había sido de acceso público.

Fue este 5 de febrero cuando el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla dictó la resolución en el juicio de amparo 1660/2018–VI interpuesto por defensores y activistas contra el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Itaipue), y señaló que las causas que mantenían el candado que impedía conocer la información eran “dolosas y equívocas”.


El convenio con el consorcio empresarial conocido como Agua de Puebla –el documento mejor resguardado en Puebla– que ha cumplido seis años en reserva y al que el órgano garante y el Comité de Transparencia del Sistema Operadora de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) extendió su clasificación hasta 2013, será público en marzo de este año.

Aunque el contrato fue entregado a la organización “Dale la Cara al Atoyac”, en el juicio de amparo directo 303/2017 interpuesto por las afectaciones de la contaminación del río Atoyac, se ha reconocido que el documento no fue revelado en su totalidad, pues no todos los términos bajo los cuales se firmó la concesión del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de Puebla y municipios conurbados fueron entregados ni los anexos de las penalizaciones que aplicarían en caso de cancelar el contrato con Concesiones Integrales, presentados.

Transparencia para todos

Gerardo Pérez Muñoz, integrante de Colectivo Hermanos Serdán, reconoció que aunque el contrato se había entregado a ciudadanos, la reserva de la información continuaba y provocaba justamente que por filtraciones, favores o alguna buena voluntad el contenido del contrato y la información llegara sólo a élites.

“Aunque la organización dio rueda de prensa e informó en su momento parte del contenido del contrato, de ninguna manera significaba la transparencia para todos aquellos que sufren día a día las condiciones en las que se les presta el servicio y por el que se les quita, ahora cualquier ciudadano podrá, si así lo quiere, solicitar el contrato. Quisimos que la información fuera para todos, no sólo para unos cuantos”, dijo.

Sostuvo que este será un ejercicio de rendición de cuentas al posibilitar que los ciudadanos vigilen y califiquen la actuación de su gobierno y de servidores públicos por medio de mecanismos como la transparencia. “Debemos ser cada uno de nosotros los que fiscalicemos para evitar el abuso de poder, el combate a la corrupción debe ser tarea de todos”.

El juez con el Tribunal Colegiado concluyeron que la difusión del título de concesión, en aplicación de los principios de publicidad y de transparencia en la gestión pública, reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación generaría un control democrático de la gestión del SOAPAP y su concesionario Aguas de Puebla, S.A. de C.V. porque su conocimiento redundaría en un control social de los ciudadanos en el servicio público.

Un contrato que se rehace en la marcha

Ambientalistas y Defensores del Derecho Humano al Agua reconocieron que aún falta “un universo” por conocerse y que de ninguna manera estaría agotada la información proporcionada a la fecha.

Esto, luego de conocerse que el contrato firmado entre el consorcio Concesiones Integrales o Agua de Puebla y el gobierno estatal que encabezó Rafael Moreno Valle, a través del SOAPAP, como un organismo vivo, se ramifica y actualiza en sí mismo.

La académica María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA) señaló que cuando sale a la luz la información del título de concesión, también se revela la existencia de convenios modificatorios o adendum que revierten el sentido, hacen cambios o añadidos que originalmente no estaban considerados y que modifican aspectos del convenio privatizador.

Aseguró que el contrato firmado 26 de diciembre de 2013, tendría su modificación tan sólo 5 meses después, en mayo de 2014 se firmó un adendum en el que se extendían las fechas de compromiso de la empresa para acciones de saneamiento que debían cumplirse en 2018 o 2019 y que fueron prorrogadas hasta 2024.

Otro convenio modificatorio conocido fue el que se firmó un mes después del primer cambio, en julio de 2014, para nuevamente prolongar por cinco años la fecha de pago de una inversión que la empresa debía hacer. Así, la inversión que debió cumplirse en 2014 se amplió hasta 2019.

Omar Jiménez, abogado de la ASA, reveló que a la fecha tiene conocimiento de convenios modificatorios que se firmaron en 2018. “Sabemos que existieron en los últimos meses de 2018 nuevos anexos que fueron firmados por la gobernadora Martha Érika Alonso y tenían relación con el pago a la deuda histórica del SOAPAP”, citó.

Para Jiménez aún existen lagunas para conocer el estado financiero real y las condiciones en que se llevó a cabo el contrato de la empresa también conocida comercialmente como Agua de Puebla, así como la conformación de fideicomisos para ésta.

Defensores también señalaron que aunque el consorcio que ganó el contrato estuvo formado por Agua de México –empresa propiedad de los Hank–, Eppcor Servicios y Tecnología Intercontinental, señalaron que hay señalamientos del investigador de la UNAM e integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Andrés Barreda Marín, de que la empresa de origen francés Veolia, antes Vivendi, es la que está detrás de Concesiones Integrales SA de CV y la privatización del agua en Puebla.

Veolia como empresa ha sido expulsada de Europa, incluido París, luego de documentarse actos de corrupción y en 2019 el Banco Mundial inhabilitó de subsidiaria de la empresa por prácticas fraudulentas y colusorias durante una participación en un proceso de licitación en Colombia. También se han señalado acciones de triangulación de empresas como ejercicio en concursos para participación licitante en gobiernos, en operaciones parecidas a la ocurrida en Puebla.

Sí hay esquema privatizador

Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de Medio Ambiente, celebró “este ejercicio de transparencia” y aseguró que la difusión de este tipo de convenios oscuros que encubrieron muchos intereses opuestos al interés público deben de conocerse y reconocerse hasta que su difusión sea total.

Sostuvo que a la fecha lo que se ha documentado revela la dimensión del contrato violatorio a los derechos humanos, y aunque existen en el Congreso local reformas aprobadas para revertir la privatización del agua, a la fecha no existe avance al respecto.

Y es que lo que se ha transparentado del título de concesión de Concesiones Integrales es que aunque se ha señalado vigencia de la concesión es por 30 años, ésta puede ampliarse hasta los 60 años, según lo señala una cláusula del convenio.

Se apunta que la contraprestación inicial fue de mil 486 millones 321 mil 899 pesos, con una promesa de inversión de 3 mil 844 millones 196 mil 167 pesos durante los primeros cinco años de la concesión para infraestructura hídrica.

Se establece que la empresa Concesiones Integrales obtendrá y operará 95 por ciento de las ganancias totales por la prestación del servicio. La contraprestación mensual para el estado de Puebla por los recursos recaudados será de 5 por ciento del total obtenido por la prestación del servicio.

Este monto de 5 por ciento se podría incrementar a 10 por ciento sólo en caso de que los ingresos sean mayores a los proyectados.

Sobre la cancelación de la concesión del agua se señala una indemnización equivalente a “los flujos libres de efectivo de 24 años”. La concesión establece diversas causales para terminar el contrato, además del proceso de rescate, se considera el retiro por causa fortuita, la renuncia del concesionario, un acuerdo entre ambas partes y la revocación, ésta última aplica sólo si se comprueba que hubo incumplimiento de las cláusulas por parte de la empresa.

También se señala que de no poder cubrir la cantidad –que deberá calcularse según el día y año de la cancelación del contrato– ésta deberá cubrirse con cargo al Fondo de Contingencias, de ser insuficiente, con recursos del Fideicomiso de Administración, previo abono de los honorarios, las contribuciones fiscales, los gastos de operación, entre otros más.