El juez de control de Cuautlancingo, David Rodríguez, determinó dejar en libertad a un hombre señalado de asaltar un negocio en San Pedro Cholula, pese a que las víctimas entregaron a las autoridades tanto los objetos presuntamente robados como las armas que habría utilizado: un arma de fuego y un machete.
Según fuentes cercanas al caso, los propietarios del establecimiento, quienes solicitaron mantener el anonimato, lograron someter dentro de su local al individuo quien, de acuerdo con su testimonio, ingresó armado para intimidarlos y apropiarse de diversos artículos que comercializan. Todo ello ocurrió antes de la llegada de la Policía Municipal, a la que llamaron de inmediato.
No obstante, el juez consideró que no existía flagrancia, pues la detención no fue realizada directamente por los agentes dentro del establecimiento, sino que el presunto responsable les fue entregado por los propios afectados al arribar al lugar.
Las fuentes señalan que, durante la intervención policial fueron asegurados, fotografiados y registrados tanto los objetos presuntamente sustraídos como las armas con las que el acusado habría cometido el asalto. Posteriormente, los dueños acudieron al Ministerio Público para formalizar la denuncia, La cual quedó asentada en la carpeta FGEP/CDI/FEIDAI/CUAUTLANCINGO-C5-I/011288/2025.
Sobre el proceso, las víctimas afirman que implicó pérdida de horas laborales, afectación económica y un desgaste emocional significativo.
A pesar de ello, el juez Rodríguez resolvió dejar en libertad al señalado, al considerar inválida la detención por no cumplir los criterios de flagrancia. Esta decisión, explican las personas consultadas, dejó sin efecto las pruebas entregadas y anuló de facto el esfuerzo realizado por los afectados para denunciar.
Las víctimas calificaron el proceso como “inútil”, al considerar que su colaboración con las autoridades no se tradujo en resultados y que incluso se vieron expuestas a un riesgo mayor durante el sometimiento del presunto agresor.
Este episodio, evidencia por qué gran parte de la ciudadanía decide no denunciar delitos. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo el 9 por ciento de los delitos cometidos en Puebla son denunciados, principalmente por la percepción de que el procedimiento es tardado, desgastante y rara vez concluye en justicia.
Las víctimas añadieron que resoluciones de esta naturaleza alimentan la desconfianza hacia las instituciones de seguridad y procuración de justicia, e incluso fomentan que algunos ciudadanos opten por intentar resolver por su cuenta situaciones de riesgo, lo que puede derivar en escenarios peligrosos tanto para víctimas como para agresores.
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