El gobierno federal exhibió este martes en la mañanera a más de 24 jueces y magistrados que han liberado a presuntos delincuentes en fines de semana, han negado órdenes de aprehensión y retrasado la justicia, entre ellos los que beneficiaron con el arraigo domiciliario al exmandatario de Puebla, Mario Marín Torres, y el amparo otorgado al excandidato a gobernador Javier López Zavala, que mantiene en impunidad el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón.
Durante la conferencia que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que se trata de “casos que hacen justicia lenta, sabadazos, y gente que pasa años y años y no recibe una sentencia”.
Lo anterior, para argumentar la necesidad de reformar el Poder Judicial, que contempla la renovación de jueces y magistrados, y la elección de nuevos por voto directo de la ciudadanía.
En la lista aparece la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez de Quintana Roo, quien concedió hace un mes el beneficio de prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla Mario Marín, en el proceso que enfrenta por tortura y protección a redes de trata infantil.
“Le puso Guardia Nacional afuera de su domicilio, dispone de elementos para que sea cuidado permanentemente. Aparte de que le da una libertad a domicilio de manera anómala, tenemos que ocupar elementos de la Guardia Nacional para cuidarlo”, criticó.
Del proceso de Javier López Zavala, acusado del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón Pérez, quien fue su pareja sentimental y con quien procreó un hijo, se evidenció la actuación de los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del sexto circuito de Puebla, Arturo Gamaliel, Armando Mata y José Luis Moya.
Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el tribunal amparó a López Zavala porque le dio una negativa de dar un trámite a solicitud para continuar un proceso en su contra.
“El juez, los tribunales dieron sobreseimiento y le dieron la razón al juez que el caso debería ser sobreseído, que debería ser acabado más bien”, afirmó.
Además, argumentó que los magistrados ratificaron el sobreseimiento de este caso y “queda el feminicidio de su expareja completamente impune”.
La secretaria Rodríguez expuso que “la falta de justicia a nivel federal por indolencia de los jueces tiene a alrededor de 24 mil personas en procesos penales sin sentencia”.
Agregó que en el sistema tradicional hay mil 326 personas con juicios penales pendiente de entre cinco y diez años, 2 mil 488 con juicios pendientes por periodos que van de 10 a 15 años, 767 que llevan entre 15 y 20 años con juicio pendiente y 232 que llevan más de 20 años sin ser juzgadas.
Y en el sistema acusatorio existen 4 mil 520 personas sujetas a proceso por más de un año sin sentencia, lo que va en contra de la Constitución, aseguró.