Comisionados del Itaipue ordenan a la Fiscalía General del Estado (FGE) entregar a una ciudadana copia de su declaración en la que denunció un robo a una casa habitación, la negativa de entregarla al solicitante –le notificaron– es una violación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Al resolver el recurso de revisión RR-4511/2023, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaipue) sostuvo que la FGE violó los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), que permiten al ciudadano el poder de control sobre sus propios datos.
En la undécima sesión ordinaria se reveló que una ciudadana solicitó copias simples de su declaración en la que denunció un robo a casa habitación, y aunque acreditó ser la titular de la declaración y mostró la documentación correspondiente, la FGE le negó su solicitud. Después de 2 meses la FGE rectificó y en un alcance de respuesta recondujo el trámite para ser gestionada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Al analizar el caso comisionados del Itaipue se pronunciaron contra la opacidad de la FGE, declararon nulo todo lo actuado por la Fiscalía General del Estado y le obligaron a entregar al ciudadano copia de su propia declaración, pues su petición se encuentra regulado por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
De acuerdo con esta legislación, cualquier ciudadano puede ejercer los Derechos ARCO: 1. Acceder a sus datos personales que se encuentren en cualquier dependencia y conocer a esta información, condiciones, generalidades y tratamiento.
2. Rectificar o corregir sus datos personales por ser inexactos o incompletos o no estén actualizados. 3 Cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados, 4. Oponerse, al tratamiento de sus datos personales y exigir su derecho al olvido, siempre y cuando cause algún daño o perjuicio o cuando los datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades.