El exdirector jurídico y el exencargado de Despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle fueron vinculados a un proceso penal por incurrir en pagos irregulares por 107 millones de pesos.
Los exfuncionarios fueron identificados como Alfonso Siriako Guillén Almaguer y Froylán Pedraza Bouchan, respectivamente, quienes fueron señalados por el organismo como presuntos responsables de cometer delitos en la administración pública y en otros ramos del poder público.
Guillén Almaguer fungió como director general Jurídico y Pedraza Bouchan como encargado de despacho de la Dirección General Administrativa de la Secretaría de Infraestructura del estado, y ambos suscribieron un convenio en 2015 relacionado con el Centro Expositor.
En consecuencia se obligó a la dependencia a dar cumplimiento de pagos por un monto de más de 107 millones de pesos, concediendo con ello una ventaja indebida, dijo la Fiscalía a través de un comunicado.
Los implicados fueron detenidos el pasado 16 de mayo, después de que se estableció la presunta responsabilidad de ambos ex funcionarios, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente en audiencia, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción formuló imputación y logró obtener la vinculación a proceso de Alfonso N. y Froylan N., quienes permanecerán en prisión preventiva justificada como medida cautelar, durante el tiempo que dure el procedimiento.
Hay que recordar que días antes de ser detenido, Froylán Pedraza renunció como suplente del director general de la Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
En tanto, Guillén Almaguer se desempeñan como magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla.
Según apuntan versiones periodísticas, Guillén Almaguer habría realizado el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos cuando fue funcionario estatal a tres empresas que se encargaron de la edificación del Centro Expositor.
Sobre el magistrado también pesan dos denuncias más, las cuales están relacionadas con la venta de un predio en el Área Natural Protegida de la Sierra del Tentzo.