Tras cuatro horas de encuentro, concluyó la audiencia de imputación contra Irene Olea Torres, exalcaldesa de Izúcar de Matamoros, por los delitos de falsificación de declaraciones y documentos, en el caso de tortura contra las periodistas Nayeli y Michelle Hoyos López en 2023. Existen 49 pruebas en su contra, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) pide su vinculación a proceso.
Durante la audiencia, se presentaron dos testigos protegidos por la FGR para sustentar la imputación de los delitos. En este contexto, Michelle Hoyos López declaró que, durante el proceso, se mencionó reiteradamente el asesinato de María Socorro Barrera, testigo protegida que resultaba clave para la argumentación en contra de Irene Olea.
El juez de la causa otorgó al defensor público de Irene Olea un plazo hasta el próximo lunes a las 15 horas para presentar las pruebas de descargo.
Además, el juez ordenó medidas cautelares para que Irene Olea Torres no pueda acercarse a ninguna de las víctimas.
Entre las pruebas presentadas por la FGR, destacan aquellas que demostrarían que la exalcaldesa Irene Olea Torres habría utilizado su cargo para alterar documentos, agregando nombres de personas que no se encontraban el día de la detención arbitraria de las periodistas, así como cambiar fechas y agregar otros documentos.
Michelle Hoyos López recordó, en rueda de prensa con medios de comunicación, que algunas de las pruebas en contra de Irene Olea fueron obtenidas tras un cateo a una de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros.
Además, Hoyos López destacó que durante la audiencia se mencionó la importancia que tenía el testimonio de la testigo protegida María Socorro Barrera, asesinada en un ataque directo el 20 de junio de 2024, ya que, a pesar de las presuntas intimidaciones por parte de la exedil de Izúcar de Matamoros, mantenía su intención de testificar en contra de Irene Olea.
El juzgado acreditó las 49 pruebas en contra de Irene Olea y otorgó a su defensor público el derecho de la acusada a presentar sus pruebas de descargo, el cual suele ser en un plazo de tres a seis días; en este caso será el día lunes a las 15 horas.
