En la edición de hoy se presenta una denuncia de pobladores de Cuetzalan del Progreso, quienes resultaron damnificados por el huracán Grace a finales del mes pasado y a pesar de haber sido censados por la Secretaría del Bienestar y recibido un folio para garantizar un apoyo de 35 mil pesos, fueron excluidos, sin mayor justificación ni explicación, de las listas de beneficiarios.
Desde su comienzo, el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador implementó un criterio de política pública absolutamente adecuado: que los recursos destinados para apoyar a damnificados no pasen por dependencias, instrumentos u organismos tramposos como el Fonden -que durante años solo entorpecían la ayuda o, peor aún, propiciaba el lucro- y se entreguen directamente a las personas afectadas.
El esquema en lo general ha funcionado y ha mitigado las prácticas clientelares de las que echaban mano las administraciones del neoliberalismo, ya fuera para enriquecer a los operadores de los programas, para granjearse votos o para ambas cosas.
Sin embargo, el caso de Cuetzalan deja claro que hay inercias que prevalecen, ya sea por negligencia de los servidores públicos o por genuino dolo.
Es necesario que este asunto se investigue para, si las hay, deslindar responsabilidades y en seguida implementar medidas a fin de evitar que estos vicios se repliquen y terminen por afectar no solo a los programas de apoyo en emergencias, sino al resto de los esquemas para el desarrollo que tiene bajo su responsabilidad la Secretaría del Bienestar.
Es también indispensable que la comunicación entre la delegación estatal y las autoridades centrales de la dependencia mejoren, a fin de tener un puntual intercambio de información y la atingencia inmediata a las denuncias de los agraviados.