Las oficinas del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla (SUETHAPIP) permanecieron cerradas y custodiadas por policías estatales y municipales, ante las pesquisas que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) después del asalto registrado el lunes pasado.
En un recorrido por el lugar los integrantes del Comité de la organización gremial no pudieron ingresar, por lo que esperaron en las aceras, en las jardineras o en asientos improvisados.
Por su parte, el líder gremial, Gonzalo Juárez Méndez, sugirió que más que un robo el ataque a las oficinas gremiales tenía una intención política, debido a que se registraron en el contexto del inicio de la administración de Eduardo Rivera Pérez, con quien acordó un trabajo en conjunto.
“Una vez más fuimos víctimas de la barbarie, del autoritarismo, de la vieja forma de hacer política y de hacer sindicato. Saben que soy de una sola pieza y seguiré al frente de la organización y seguiré representándolos”, expuso.
Algunos de los cercanos a Juárez Méndez corrieron el rumor en el sentido que detrás de los desmanes se encontraría la gente del ex dirigente, Israel Pacheco Velázquez.
Cabe recordar que el acercamiento de Gonzalo Juárez con la administración panista que recién comienza se dio luego de que este rompió su alianza con la exedil morenista Claudia Rivera Vivanco por la entrega de 100 bases a sus allegados.
A dos días de que terminara la administración anterior Gonzalo Juárez encabezó una protesta en la que los sindicalizados causaron daños a la infraestructura municipal.
La ruptura con la edil se dio a pesar de que el líder gremial, acusado de actos de corrupción al interior del sindicato, había sido aliado político de Rivera Vivanco, incluso durante la campaña política.
En la protesta encabezada por Juárez Méndez estuvieron presentes los entonces regidores de la fracción panista, quienes acusaron que no se les dejó entrar a la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se entregaron las bases.
Gonzalo Juárez llegó a la dirigencia del SUETHAPIP durante las administraciones morenovallistas de José Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato, y desde un principio fue considerado una “imposición” de estos ex ediles.