Puebla sería el quinto estado con el mayor número de presuntos delincuentes que saldrían en libertad, con un total de 3 mil 44 presos, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula la prisión preventiva oficiosa, alertó este martes Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación federal (Segob).
La mayoría de los reos, en calidad de prisión preventiva, se debe a que son altamente peligrosos, debido a que han incurrido presuntamente en delitos de narcotráfico, delincuencia organizada, feminicidio, pederastia, abuso infantil, corrupción de menores, secuestro y homicidio.
Durante la conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria acusó que la Corte se está excediendo en sus funciones al asumir por sí sola la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa, a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Argumentó que de invalidar el articulo 19 de la Constitución impactaría en la posible liberación de 78 mil presuntos delincuentes en el país: 11 mil 640 acusados de homicidios; 7 mil 150 de secuestros; 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico, 1 mil 405 feminicidas y 1 mil 273 por pederastia, abuso infantil y corrupción de menores, entre otros.
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En una gráfica que proyectó en la mañanera expuso que de las 32 entidades federativas cinco estados concentrarían la mayor parte de la liberación de presuntos delincuentes. A la cabeza se encuentra el Estado de México (21 mil 718), le sigue Jalisco (8 mil 342), Veracruz (4 mil 554), Michoacán (3 mil 315) y Puebla (3 mil 44).
Destacó que la posible liberación de presuntos delincuentes coloca en riesgo a testigos y las víctimas que las han acusado, personal de las policías y las fiscalías, propios juzgados y riesgo a población en su conjunto.
Incluso advirtió que habría la posibilidad del aumento en la comisión de nuevos delitos, que pondrían en riesgo la seguridad nacional porque están asociados al crimen organizado con capacidad económica y operativa con alto riesgo de darse a la fuga.
Luisa María Alcalde dijo que aunque esta resolución obliga al Estado Mexicano, la SCJN atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla, descalificando otras opciones, entre ellas, que el Congreso de la Unión debería analizar estas modificaciones.
Ante esta preocupación, informó que el gabinete de seguridad envió una carta a cada uno de los ministros de la Corte expresándoles los alcances de tomar esta decisión porque, tan solo en el Estado de México, desactivar la prisión preventiva oficiosa, implicaría la liberación, con riesgo de fuga de 21 mil 718 presuntos delincuentes.
La titular de la Segob señaló que en gran medida la cantidad de personas en esta condición obedece a la tardanza en los procesos legales que hay en el Poder Judicial.
Por lo tanto, sostuvo que hay un exceso de facultades por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pretender tomar una decisión sin dimensionar lo que significa la paz y seguridad.
Alcalde aseveró que ningún estado, gobierno o tribunal extranjero puede ordenar a México modificar su constitución o régimen político. “Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia”, afirmó.