Tehuacán. Actos intimidatorios se han dado en contra de los alumnos de la Normal Superior del Estado en Tehuacán, que mantienen tomadas las instalaciones desde el pasado jueves, cuando los estudiantes decidieron tomar el edificio primero en apoyo a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero también para exigir que cesen los abusos en su propia institución educativa.
Lo anterior lo dieron a conocer este domingo, luego de que se conformó un comité de padres de familia con el objetivo de dejar claro que los estudiantes no están solos en su movilización, y para definir un pliego petitorio que harán llegar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), tanto en el estado como federal.
No te presentes porque ya hubo un muerto y no te conviene, es uno de los mensajes que enviaron por teléfono celular, explicaron los padres, quienes mencionaron que es necesario que se ponga un alto a las intimidaciones y se revise el actuar de las autoridades de la normal, por lo que se pidió a las autoridades educativas que acudan a una reunión con alumnos y tutores el miércoles a las 11 de la mañana.
“En esta escuela hay una dictadura”, dijo una de las madres de familia, quien destacó que van a apoyar a sus hijos, ya que se cometen muchos abusos y se les obliga a cumplir con tareas que nada tienen que ver con la formación académica, como es el caso de realizar trabajos de albañilería y de jardinería.
Los estudiantes señalaron a la directora de formación de docentes, Dulce María Beltrán Guzmán, quien se presentó acompañada de dos abogados para exigirles su pliego petitorio, así como los nombres de quienes se quedarían como responsables del resguardo del edificio, cuando aun no terminaban de elaborar su pliego.
Indicaron que se les dijo que podrían tener consecuencias, “casualmente en estos días”, y también se les sugirió que “cuiden a sus compañeritas, especialmente a ellas”, lo que interpretaron como amenazas, que si bien los inquietan no van a ser motivo para que dejen de luchar.
Su pliego petitorio se compone de 28 puntos, entre los que se encuentran la garantía a su integridad física, que se les permita libertad ideológica y de expresión, bajar las cuotas económicas que se les exigen, mejorar la calidad de la planta laboral y no entregar las plazas a familiares de los directivos.
Se exige la destitución de los directivos y otras personas, así como auditoría para que se conozca a cuánto ascienden los ingresos a la normal por conceptos de programas gubernamentales y por otros medios como la cafetería y papelería, así como que se informe en qué se invierte todo ese dinero.