Las intimidaciones y el hostigamiento son las agresiones más frecuentes hacia periodistas, seguidas del uso ilegítimo del poder público y las amenazas, siendo los servidores públicos los principales responsables de estos actos, consigna un informe del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla.
Según la organización Artículo 19, Puebla ocupa el cuarto lugar entre los estados con mayor número de agresiones contra periodistas, registrando un total de 18 casos de los 272 registrados a nivel nacional, durante el primer semestre de 2023.
“En el mismo periodo se registraron tres asesinatos de periodistas relacionados con su labor informativa. Uno de los casos es el de Marco Aurelio Ramírez, ocurrido en el municipio de Tehuacán el 23 de mayo. Tan solo cinco días después, el periodista Pedro Alonso Benítez, sufrió un ataque en su domicilio en el municipio de San Martín Texmelucan. La cercanía que guardan los casos evidencia la reiterada vulneración al ejercicio de libertad de expresión”.
A nivel federal, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ha abierto seis carpetas de investigación de 2021 a 2023 en Puebla, por delitos cometidos en contra de periodistas; de estas, cinco son delitos relacionados con amenazas y uno con tortura.
En Puebla, existen tres instancias encargadas de tomar medidas para la protección y atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que enfrentan riesgos derivados de su labor de defensa y cobertura. Dos de ellas dependen de la Secretaría de Gobernación del Estado: la Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como la Dirección de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
“Estas instituciones tienen la responsabilidad de actuar en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante el Mecanismo) para ‘un rápido y eficaz proceso de incorporación, un estudio de evaluación de riesgo idóneo y la adopción por la Junta de Gobierno de un plan de protección adecuado”, consigna el informe del organismo jesuita.
Actualmente el Mecanismo brinda atención a 28 personas defensoras de derechos humanos y a 30 periodistas en Puebla.
Sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que el Mecanismo carece de recursos humanos, económicos y materiales para su adecuado funcionamiento.
Por su parte, la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos contra Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que opera bajo la dependencia de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ha iniciado 7 carpetas de investigación de 2021 a junio de 2023. Entre estas investigaciones, tres están vinculadas a amenazas, una a homicidio doloso y las restantes a delitos como abuso de autoridad, lesión dolosa y robo a transeúnte.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla reportó que, de enero de 2019 a junio de 2023 se presentaron 41 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos de periodistas, de las cuales, 33 son referentes a violaciones de la seguridad jurídica.
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