Lunes, julio 15, 2024

Interpone San Pedro Cholula controversia constitucional vs. la privatización del agua

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El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, presentó éste lunes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo de Puebla relativa a la reforma al artículo 12, Fracción 6, que busca la privatización del agua potable en todo el territorio poblano.

Argumentó que la reforma se aprobó a escondidas de los poblanos por parte de los diputados locales el pasado 6 de enero, y posteriormente se presionó a varios presidentes municipales, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), para que la aprobaran.

Informó que el 27 de enero la reforma fue promulgada y se abrió la posibilidad que el gobierno del estado quite la administración del agua potable y alcantarillado a los ayuntamientos, a pesar que el artículo 15 de la Constitución indica que la facultad para otorgar los servicios es exclusiva de los municipios.

A las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se aprecia en una videograbación difundida en redes sociales, el edil cholulteca confió en que otros ayuntamientos presenten en los próximos días su respectiva controversia constitucional.

Espinosa Torres sostuvo que la acción del gobierno del estado es una clara violación a la autonomía de los municipios, además de que se aprobó de manera irresponsable por parte de los legisladores locales.

José Juan Espinosa

“Estoy convencido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corregirá la plana al Congreso del estado de Puebla”, advirtió el alcalde del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Dijo que no va a permitir que se lucre con el agua potable como ya se hizo en la ciudad de Puebla, y frenará que el PAN ahora intente privatizar el servicio de agua en todo el territorio poblano.

“Corregirán a quienes desde la dirigencia estatal del PAN, Jesús Giles y Martha Érika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, han venido presionando a los alcaldes para que de forma rápida y cerrada aprobaran esta reforma que a todas luces es anticonstitucional”, reclamó. Apenas el 30 de enero pasado, José Juan Espinosa Torres acudió al Congreso del estado para entregar de manera formal su rechazo a la reforma que quita la facultad a los ayuntamientos para el manejo del agua.

La controversia de Cholula involucra a los 216 municipios restantes

El presidente de San Pedro Cholula consideró que el procedimiento por el cual se promulgó la reforma el pasado 27 de enero por el Congreso local es anticonstitucional y viciado de origen.

Además argumentó que la reforma de forma y fondo perjudica a los municipios al abrir la posibilidad a que el estado sea el que administre el servicio de agua potable.

Acompañado por el secretario General del ayuntamiento de San Pedro Cholula Ignacio Molina Huerta, y por el consejero Jurídico, Jesús Morales Garduño, Espinosa Torres reveló que ha tenido reuniones con otros presidentes municipales y regidores, quienes le han señalado que están dispuestos a presentar su respectiva controversia constitucional.

“Estoy seguro de que más municipios se van a sumar, porque lo aprobado por el Congreso a iniciativa del gobierno del estado sí es violatorio de la Ley, debido a que tratan de confundir a la gente, diciendo que es una iniciativa para que el acceso al agua se convierta en un derecho”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que en un segundo párrafo hablan acerca de que el Estado es quien determinará las normas.

Explicó que la controversia constitucional es contra un acto de gobierno que viola la Carta Magna y se señala como autoridades responsables al Poder Ejecutivo y Legislativo de Puebla.

Al último, refirió que el proceso que interpuso ante la Suprema Corte también involucra a 216 ayuntamientos para que rindan un informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque estoy convencido que este afán privatizador del servicio de agua potable no lo podemos permitir en San Pedro Cholula ni en ninguno otro municipio del Estado”.

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