El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) presentó un amparo contra la Ley de Expropiación del estado de Puebla, ante el Poder Judicial, debido a la serie de irregularidades detectadas en la reforma aprobada el pasado 11 de marzo.
Ricardo Jiménez Ávila, uno de los dirigentes, informó que el recurso también fue firmado por representantes de otras organizaciones, como el Movimiento Nacional los de Abajo y la UPVA “28 de Octubre”.
En rueda de prensa, Jiménez Ávila explicó que la nueva Ley de Expropiación abre la puerta a que el gobierno del estado se apropie de bienes para favorecer no sólo a los llamados “proyectos de muerte”, sino que contravendría los intereses de las comunidades.
De acuerdo con las reformas a dicha disposición, refirió que el gobierno estatal podrá incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que la autoridad notifique previamente por escrito a los afectados.
“Los agraviados no serán avisados por escrito de la expropiación como se hacía antes; ahora se informará a través del Diario Oficial del Estado, además tendrán un plazo de ocho días hábiles para interponer un recurso administrativo que permita que el gobierno no tome posesión de sus bienes”, reprobó.
Asimismo, dijo que si los afectados optan por interponer un procedimiento jurídico, no se obligará al gobierno estatal a abandonar o suspender la obras que se desarrollen en los bienes expropiados.
Con esto –señaló– muchos campesinos podrán perder sus tierras al no tener conocimiento de que le son requeridas por el gobierno, lo cual, agregó, “se nos hace una trampa vil del gobernador Rafael Moreno Valle y de sus secuaces, los diputados locales”.
Expuso que otras cuestiones que encontraron preocupantes son la parte que indica que si el inmueble tuvo “mejoras” durante el periodo que fue expropiado, el particular las debe de pagar según la cuantificación que realice el gobierno estatal en materia de catastro.
Es decir, precisó, castigarán a las personas a las que sin autorización se les quiten sus predios haciéndolos pagar una compensación al estado.
Ricardo Jiménez señaló que la expropiación también se podrá aplicar para beneficiar a las grandes empresas, pues comentó que favorece la construcción de vialidades, la prestación de servicios, ampliación áreas públicas, el “aprovechamiento de las aguas nacionales asignadas al Estado o a los ayuntamientos” y “la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio social”.
Basta mencionar –citó– el caso de la expropiación de las 747 hectáreas de la ex hacienda Tamariz, decretada por el gobierno estatal el pasado 1 de abril, para construir un parque industrial para los proveedores de Audi.
Por lo que cuestionó: ¿en qué beneficia esa obra a la población?, ¿qué utilidad pública tendría?
Al último refirió que organizaciones como la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, de la Sierra Nororiental, han hecho público su miedo de que la ley de expropiación sirva para beneficiar a las mineras asentadas en los municipios de Tetela de Ocampo, Zautla, Tlatlauquitepec e Ixtacamaxtitlán.
Mientras dijo que agremiados al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Tlaxcala, Morelos, así como del Movimiento Nacional los de Abajo, consideran que dicha ley será empleada para realizar por la fuerza el Proyecto Integral Morelos (PIM), por el cual arrestaron a Enedina Rosas y a Juan Carlos Solís, y el Libramiento Poniente, al cual se opuso Abraham Cordero.
Ante lo expuesto, argumentó que se interpuso el amparo en el Juzgado Octavo de Distrito para echar abajo esta ley que violenta los derechos humanos de los poblanos, ya que el gobierno puede expropiar las propiedades sin que haya un juicio de por medio.
Este martes, el MAS también presentó un escrito al Congreso del estado, para que expliquen de manera oficial por qué la iniciativa de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, mejor conocida como #LeyBala, es diferente a la publicada en el portal del legislativo.