El precio del maíz ha sufrido una drástica reducción para los productores en México, quienes enfrentan pagos hasta 33 por ciento menores al vender su cosecha a intermediarios, en comparación con la tarifa fijada por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). De acuerdo con datos expuestos por José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), el desplome internacional y la limitada intervención gubernamental han acentuado la desigualdad en el campo, agravando la vulnerabilidad de quienes dependen de este cultivo.
Femat detalló a La Jornada de Oriente que Segalmex sólo adquiere dos millones de las alrededor de 25 millones de toneladas producidas anualmente, y aunque el precio oficial para los pequeños agricultores se establece, por ejemplo, en 6 pesos por kilo, una vez cubiertas las cuotas de compra gubernamental y cerradas las bodegas del organismo, los productores quedan sujetos a la oferta de los intermediarios.
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Compran a 4 pesos o 4.50 por kilo, es decir, hasta 33 por ciento menos de lo que paga el gobierno. Esta disminución representa una merma directa en el ingreso de miles de familias que dependen del maíz para subsistir, añadió el dirigente.
El fenómeno de la baja en el precio del maíz ha sido replicado en entidades clave como Sinaloa, donde el kilo ha llegado a pagarse precisamente en 4 pesos, pese a que la autoridad estableció el precio en 6. Puebla atraviesa condiciones similares, y según Femat, “el pago estuvo entre 5 y 5.50 pesos el kilo, pero con la reciente caída en el mercado internacional, podemos esperar una nueva reducción”.
La problemática se agrava porque la política oficial sólo protege de manera temporal y parcial a los agricultores de menores superficies, dejando fuera a quienes producen a mayor escala, pero igualmente requieren respaldo.
La raíz de este retroceso es la caída del precio internacional de la tonelada, que ha descendido a aproximadamente 150 dólares en la bolsa agrícola de Chicago. Este nuevo parámetro internacional, explicó Femat, profundiza la crisis al trasladarse de manera inmediata a los mercados locales, donde los acopiadores privados aprovechan la debilidad oficial y la sobreoferta para imponer valores de compra cada vez menos favorables para los campesinos.
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El dirigente de la Cocyp insistió en que el gobierno federal no ha resuelto de fondo el problema de los precios de garantía: “El precio de piso sólo es marco para las compras oficiales, pero la mayoría de los campesinos queda fuera o recibe ofertas que no cubren los costos de producción”.
El control del mercado de maíz, dijo, también está en manos de unas cuantas empresas como Bachoco, SuKarne, Maseca y Minsa. Estas firmas, que procesan y comercializan el grano, fijan unilateralmente los precios una vez que Segalmex se retira del mercado. El bulto de harina de maíz de 20 kilos, por ejemplo, se vende hasta en 335 pesos, mientras los productores reciben la materia prima a precios deprimidos. Los beneficios del sector industrial contrastan marcadamente con la precarización del agro.
La situación no es nueva, pero ha cobrado una nueva dimensión bajo la política de importaciones agrícolas. La falta de planeación a largo plazo, sostiene Femat, impide una respuesta estructural: en Estados Unidos, la producción agropecuaria se programa y subsidia para 30 años. En México, en palabras del dirigente de la Cocyp, “ni siquiera hay una visión para el ciclo actual; los programas vigentes, como Sembrando Vida, son de bienestar social y no de reconversión ni fortalecimiento agropecuario”.
Femat ilustró otro caso, el del frijol: mientras Segalmex lo paga a 26 pesos el kilo y adquiere apenas 250 mil toneladas, el resto va a manos privadas, que pagan 18 pesos. Lo mismo sucede con la leche, donde la falta de capacidad de Liconsa mantiene a las grandes firmas como Lala o Chilchota como acaparadoras.
La crisis trasciende el maíz y alcanza la producción de leche, carne de res y pollo e incluso el café, todos productos que han visto incrementarse las importaciones ante la incapacidad de absorción interna.
Femat alertó sobre el riesgo de que los pequeños y medianos productores abandonen el campo por la falta de rentabilidad: “¿A dónde va a ir la gente que deja de producir? Sin apoyos, sin créditos y sin una política de largo plazo, lo único que queda es el éxodo rural o el abandono”.
El escenario se complica ante la cercanía del ciclo de cosecha, pues se prevé una tensión adicional entre la oferta y la demanda interna. Productores se mantienen atentos a la evolución de los precios internacionales y a la actitud que tomen los grandes intermediarios, quienes históricamente han ajustado sus esquemas de pago según las fluctuaciones globales. “Ellos observan la bolsa agropecuaria; cuando ven oportunidad de comprar más barato, lo hacen sin que haya condiciones que obliguen a reconocer el costo real de producción”, denunció el dirigente.
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Industriales que transforman el maíz en harinas y otros derivados también extraen el mayor margen de ganancia gracias al diferencial de precio. Un productor recibe el kilo de maíz a 4 pesos, pero el consumidor paga hasta 30 pesos por la tortilla. “El industrial separa los nutrientes, vende azúcares y aceites, y ofrece un carbohidrato con aditivos, mientras los campesinos pierden valor agregado y dependen de la coyuntura”, dijo el presidente de la Cocyp, quien además cuestionó los nuevos métodos de elaboración y comercialización de derivados como la leche en polvo para quesos.
El proceso estructural dificulta que el campo nacional alcance la autosuficiencia alimentaria. El Estado no regula ni interviene de forma suficiente para impedir el acaparamiento. La importación de productos básicos se incrementa año con año: leche evaporada, carne, granos. La consecuencia es un mercado cada vez más concentrado y precios cada vez más distantes entre consumidor y productor.
En voz de Femat, la única salida es una política pública comprometida con el desarrollo rural, que combine subsidios, organización, créditos, transparencia y planeación de Estado. De lo contrario, México corre el riesgo de perder la sustentabilidad en su base agrícola y alimentaria. “No figuramos en ningún lado, no hay ley que se cumpla ni presupuesto multianual. Si no se actúa con visión, la cadena de abasto se rompe y los agricultores quedarán fuera del mapa”, sentenció.
