La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que seis integrantes del ayuntamiento de Izúcar de Matamoros fueron vinculados a un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de tortura sexual y abuso de autoridad en contra de dos mujeres periodistas y otras personas, con lo que intentaron castigar su libertad de expresión.
El organismo federal precisó que fue a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como se logró que los presuntos responsables quedaran sujetos a una investigación penal por los delitos de los que son acusados, al presentar 103 pruebas en su contra.
Los supuestos responsables fueron identificados como Abel “S”, Víctor “V”, Alberto “H”, José “T” y Mariela “M”, todos elementos de la Policía Municipal, y Jesús “V”, quien ostentaba el cargo de Juez Calificador, quienes presuntamente cometieron el delito de tortura en perjuicio de cuatro personas, dos de ellas periodistas, cuando fueron detenidas y castigadas física y psicológicamente a través de actos tendientes a intimidarlas, discriminarlas y obtener información durante su detención de manera ilícita.
Los actos de tortura fueron agravados por haberse realizado tortura sexual y por cometerse con la finalidad de castigar la libertad de expresión de las víctimas pues fueron detenidas mientras cubrían actos de protesta por el Día Internacional de la Mujer.
Mediante sus redes sociales, la FGR precisó que los cinco primeros fueron vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad por haber detenido arbitrariamente y sin causa justificada a las víctimas mientras realizaban su función periodística en el marco de las manifestaciones mencionadas.
La Fiscalía recordó que los imputados, ya habían sido vinculados a proceso por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad, en el mismo caso; mientras que Jesús “V”, también fue vinculado, pero por usurpar funciones el día en que las víctimas fueron detenidas ya que fungía como juez sin contar con un título profesional.
La juez a cargo del caso determinó un plazo de investigación complementaria de dos meses, tras lo que se dará paso a la emisión de una posible sentencia.
Hay que citar que las pruebas presentadas por la FEADLE señalan que entre el 10 y el 11 de marzo de 2023, policías de dicho municipio siguieron y después detuvieron arbitrariamente a Natalie y Michell Hoyos López, así como a dos activistas más, al responsabilizarlas de haber realizado pintas en el Centro Integral de Servicios (CIS) como parte de las protestas de colectivos feministas por el Día Internacional de la Mujer.
Posteriormente, las llevaron a los separos en donde les hicieron tocamientos lascivos en los senos y genitales, las obligaron a desvestirse, les pidieron hacer sentadillas sin ropa, al tiempo en el que les decían frases como “ya te cargó la chingada, ahora sí las vamos a desaparecer”.
En su dicho, la agente del MP aseguró que los agentes de seguridad pública se burlaron de las periodistas al señalarles que habían hecho una “gran detención” y que “la jefa”, en referencia a la alcalde Irene Olea Torres, de quien aseguraron que se pondría contenta con el hecho pues ella habría ordenado la aprehensión.
Señaló que las víctimas fueron incomunicadas por varias horas, para que finalmente se les solicitara el pago de una multa de 1 mil 900 pesos por haber dañado el mobiliario urbano.
La funcionaria federal presentó testimonios de varios actores involucrados, como otros policías, funcionarios de la comuna izucarense, así como documentos, que comprobarían que hubo un intento por parte del ayuntamiento de alterar partes informativos de la Policía Municipal con el fin de esconder lo ocurrido.
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