El periodo de transición entre el go-bierno de la capital del estado, que encabeza Eduardo Rivera Pérez, y el que tendrá como titular a Antonio Gali Fa-yad, va a durar siete meses y ya se le destinó una primera partida de 3 millones de pesos, junto con el nombramiento de extensos equipos de colaboradores de una y otra parte. To-do ello se hace sin que se conozca cuál es el beneficio social de que se destine todo ese tiempo, así como importantes recursos hu-manos y materiales.
Desde que en el año 2000 ganó la presidencia de la República el panista Vicente Fox Quesada se pusieron en marcha arduos procesos de transición entre los gobiernos en-trantes y salientes, teniendo como principales características un exceso de gastos, equipos grandes de colaboradores y resultados muy pobres, ya que al final no se logra nada positivo para la población en su conjunto.
Una muestra de lo anterior es que cuando Rafael Moreno Valle Rosas ganó –en 2010– la gubernatura de Puebla se tuvo un periodo de foros y consultas, se rentó un edificio es-pecial y se contrató una enorme burocracia para lograr el tránsito entre la nueva y la sa-liente gestión estatal. Al final todo lo que se discutió o se propuso en ese periodo nunca se utilizó, y no se hizo la más mínima planeación para buscar que el nuevo gobierno llegara con mejores ideas de cómo resolver los problemas de la población.
Es necesario reglamentar esos procesos de transición o buscar eliminarlos, ya que en el fondo solamente sirven para que se hagan negocios con el uso del erario y que se finjan labores de planeación, que al final nunca se utilizan o resultan ser una simulación.