El liberalismo, doctrina económica y moral, resulta en el fondo incompatible con la democracia, doctrina política fundada sobre la igualdad de los ciudadanos.
C. Schmitt.
El problema de la inseguridad pública tiene que dejar de verse como simple cuestión de policías y criminales, o de malos contra buenos, pues no es el único ángulo que tiene. Esta visión plana, de única perspectiva, alentada ideológica y propagandísticamente por los medios de difusión masiva, los organismos empresariales, y los gobiernos, ha hecho recaer este problema en las policías: escasez, impreparación, corrupción, colusión; orillando a pensar socialmente que la causa del fenómeno y su solución se localizan allí. Se genera entre la población un tipo especifico de percepción sobre la problemática que se atiza con las exigencias de organizaciones “civiles”, “sociales”, “ciudadanas” –muchas de ellas, a modo– a los gobiernos para que la resuelvan, que se centrarán en peticiones de más policías, capacitación (no educación), mejores salarios, antidoping, exámenes de control de confianza, etc. Sin embargo, el imparable crecimiento del fenómeno criminal y la nunca satisfecha demanda de los ciudadanos por detenerlo, se convierten luego en banderas político electorales que configuran uno de los círculos viciosos en los que se asienta permanentemente la relación Estado–sociedad.
En abierta, pero sospechosa, paradoja el gran capital crece sin contratiempos. Su tarea de extracción de plusvalía (ganancia) de las espaldas e inteligencias de la clase trabajadora se desarrolla normalmente llegando a acumular riquezas estratosféricas en pocas manos, mientras las capas más amplias de la población rondan los linderos de la vida en pobreza o miseria. Este tipo de capital no asediado por la inseguridad pública requiere, para su crecimiento y desarrollo, de un modo específico de organización social y condiciones que se los aseguren. El modo clásico de organización de la sociedad requerida por el capital es, por supuesto, la basada en la explotación del trabajo ajeno pues, mediante ella, se estructura la espina dorsal del aparato productivo social que determina el modelo económico que rige en cada sociedad. Clásico, por ser la herencia que nos legó la conquista: despojar a los indios de su tierra, convertirlos en fuerza de trabajo para extraerle sus riquezas naturales, y enviar las ganancias a la metrópoli. La violencia ha sido, y sigue siendo, el argumento básico para el sostenimiento del modelo. Así, el capital puede mantenerse en reproducción.
El gran organizador de una población es el Estado. Mediante el derecho, como cuerpo de leyes obligatorias cuyo cumplimiento se respalda en la fuerza pública, se crea el orden jurídico –en su doble acepción de ordenar y acomodar– que por su obligatoriedad, distribuye a las distintas capas de la población aglutinándolas bajo las categorías jurídicas creadas en las leyes: propietario, trabajador, patrón, empresa, concesionario, accionista, arrendador, sociedad mercantil, cooperativa, franquicia, organismo público o privado, funcionario, criminal, etcétera; es decir, genera el orden social establecido en el que los seres humanos jugamos alguno o varios de estos roles jurídicos que en la vida, de acuerdo con nuestras condiciones socioeconómicas, se nos presentan.
El Estado, en otra perspectiva, es la gran estructura burocrática y militar que sirve de instrumento para conseguir esta organización social y mantenerla incólume como modelo, pues es la condición para la dominación del capital sobre el trabajo asalariado. Es decir, la población es organizada en forma tal que se garantice el dominio de un sector minoritario enriquecido sobre la mayoría trabajadora empobrecida. El sometimiento de la mayoría se logra a través de la aplicación de la ley, y el uso de la fuerza pública para conseguir su cumplimiento en caso de desobediencia. El manejo y administración del Estado, el sentido de su acción política y material, es decir, lo que haga o deje de hacer, serán determinados por el sector o grupo social que influya decisivamente en la conducción del gobierno. Dos tipos de inseguridad pública surgieron desde hace mucho tiempo aquí: el manejo inescrupuloso del erario y la corrupción, como formas ilícitas e ilegítimas de apropiación de la riqueza colectiva que, así, pasa a manos privadas destinada a ser acumulación de capital.
En una república federada como México el decisor principal en materia de conducción del Estado, de acuerdo con su estructura constitucional, es el presidente de la república que, con el orden jurídico establecido, encuentra réplica de sus acciones en los gobiernos locales y municipales. Son, precisamente, los gobernantes los encargados de crear, dentro del modelo económico, las condiciones sociales propicias para el desarrollo y crecimiento del capital. En las actuales circunstancias mundiales planteadas por la globalización y la revolución tecnológica, el gran capital demanda y requiere para su sostén, crecimiento, y niveles jamás imaginados de acumulación en poquísimas manos, de cuatro condiciones básicas para instalarse en un país: mano de obra barata, materias primas baratas y en abundancia, certeza jurídica para la propiedad privada, y mercado para sus productos. Todas ellas son satisfechas por el Estado.
Los grandes problemas de convivencia social surgen cuando la relación entre baratura de mano de obra y mercado entran en contradicción soterrada o abierta. Cuando el Estado aprieta de tal modo las tuercas a los trabajadores para abaratar la mano de obra –bajos salarios, reducción de prestaciones, eliminación de indemnizaciones, precarización del empleo, ausencia de justicia laboral, etcétera– se genera el problema de la contracción del mercado; es decir, cada vez menos personas tienen capacidad económica para adquirir los productos y servicios que ofrecen en venta las empresas. Surge una condición adversa para el capital por falta de compradores, pues, aunque las mercancías parezcan baratas, no se venden pronto ni en su totalidad. En su momento, esta necesidad dio origen al surgimiento de la “globalización” que exigió comercio libre de fronteras políticas y su desregulación, es decir, eliminación de leyes prohibitivas para la actividad comercial. Los dueños del capital siempre idearon y pusieron en práctica, junto con gobiernos fieles, medidas para dar viabilidad al mercado interno: hacer del Estado el gran comprador de todo tipo de mercancías; ofrecer la mayor parte de la obra pública al gran capital nacional y extranjero; dejar en manos de las instituciones públicas el taller general de reparación de la mano de obra, pero, sobre todo, estimular la inseguridad pública para conseguir un múltiple impacto social: mantener el empobrecimiento social como presupuesto indispensable que hace necesario el trabajo asalariado; mecanismo de control político social; fuente alterna de obtención de materias primas baratas; concentración del dinero social en la banca; y, artificio de apoyo para robustecer el mercado. Es la forma de dar cauce al “otro comercio”: armas, drogas, seres vivos, etc. Medidas que en su conjunto también contribuyen a dar impulso al crecimiento de la economía.
En el mes de abril de 2021, se dijo: <<En México la tasa de impunidad para todos aquellos casos que entran en el Sistema Penal alcanza una tasa de impunidad de hasta el 99 por ciento, lo que afecta principalmente a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, aseguró Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional (AI) México>>. Ello significa que la división entre legal e ilícito es demasiado tenue; que las actividades legales coexisten cotidianamente con las ilícitas hasta formar la hipótesis de que la sociedad está estructurada y organizada para desarrollarse así. Que la inseguridad pública es una necesidad del capital para mantener los procesos de su acumulación a costa del sufrimiento de la población y la exacción social por medios ilícitos. La inseguridad pública, a fin de cuentas, ha sido una decisión política; por ello, el problema no radica únicamente en las policías. Ha sido acción de Estado, no muestra de su incapacidad.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 15 de agosto de 2022.
JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO
