Inseguridad pública y procesos electorales

La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, residente en 90 ciudades de México, repuntó en marzo de 2024. El dato es coincidente, en tiempo, con el inicio de las campañas electorales donde, el próximo 2 de junio, estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, siendo el de mayor importancia la presidencia de la república. Destaca el hecho de que esta percepción había alcanzado, en diciembre de 2023 su nivel más bajo en más de una década. De acuerdo con esta información, a nivel nacional, el 61 por ciento de la población consideró inseguro vivir en su ciudad; lo que representó un cambio estadísticamente significativo respecto de los porcentajes obtenidos en marzo y diciembre de 2023, que alcanzaron el 62.1 y 59.1 por ciento, respectivamente. Es decir, el ascenso estadístico de la percepción de inseguridad se incrementó 1.9 por ciento, acompañando el arranque de las campañas electorales. No hablamos aquí de la violencia que se desata el día de la elección, sino de la cotidiana que es usada para imponer un sentido al voto.

Otro dato importante es que ese índice de percepción de inseguridad interrumpió dos lecturas de descensos consecutivos, en septiembre de 2023, con 61.4 por ciento y, diciembre de 2023, con 59.1 por ciento. Por razón de género, el fenómeno corroboró el aumento pues 66.5 por ciento de las mujeres y 54.5 por ciento de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad. En diciembre pasado los niveles fueron de 64.8 y 52.3 por ciento, respectivamente. Para el cierre de marzo pasado, 18 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2023: cuatro presentaron reducciones y 14, incrementos. Las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que consideró inseguro vivir en su ciudad fueron: Fresnillo (95.4 por ciento); Naucalpan de Juárez (89.6 por ciento); Zacatecas (89.3), Chilpancingo (87.3); Cuernavaca (87) y Ciudad Obregón (86.6 por ciento). En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron Benito Juárez, CdMx (11.1 por ciento); Piedras Negras (19 por ciento); Cuajimalpa de Morelos, CdMx (22.5); Mérida (23.2); Tampico (23.6) y Los Cabos (24.8 por ciento).

El Inegi ofrece también la encuesta de percepción de inseguridad en espacios físicos específicos. Y, así, en el mes de que se habla -marzo de 2024- la población manifestó sentirse insegura en: cajeros automáticos localizados en vía pública, 69.4 por ciento; en el transporte público, 63.9; en carretera, 53.9; y en el banco, 53.5 entre otros. Estos datos reflejan que la inseguridad pública se desata, marcadamente, contra la población usuaria de esos servicios, o sea, los ciudadanos pertenecientes a las clases trabajadoras.

También podrías leer: Aaah que con el tío Richie

Institucionalmente, por su desempeño en labores para prevenir y combatir la delincuencia, la confianza de la población encuestada aparece depositada, de mayor a menor grado, en: La Marina, con 86.4 por ciento; el Ejército, 82.4 por ciento; la Guardia Nacional, 73.6 por ciento; policía estatal, 56.1 por ciento, y policía preventiva municipal, 49.4 por ciento. Es decir, las policías más cercanas a la población -policías estatal y municipal- resultan, a juicio de los encuestados, las corporaciones de seguridad pública más porosas frente a la inseguridad pública. Respecto a lo que la población considera los problemas más importantes en su ciudad, continuando en la referencia temporal de marzo de 2024, el 77.5 por ciento de la población de 18 años y más manifestó que son los baches en calles y avenidas; 62.3 por ciento dijo que son las fallas y fugas en el suministro de agua potable, y 54.8 consideró que el alumbrado público es insuficiente. Y, por último, la citada encuesta revela que, a nivel nacional, únicamente el 34 por ciento de la población de 18 años y más consideró al gobierno de su ciudad como muy, o algo, efectivo para resolver los calificados como problemas más importantes. Tres rubros: bacheo, agua potable, y alumbrado público que antes fueron considerados servicios públicos a cargo del municipio, al paso de los años, mediante reformas a las constituciones locales promovidas por gobiernos emanados del panismo, se convirtieron en grandes negocios privados permitiendo que los gobiernos municipales pudieran concesionarlos a la iniciativa privada, que hoy arrojan estas percepciones entre la población. (Presenta Inegi reporte de percepción de inseguridad en el país; en Chihuahua capital aumentó a 59.3% durante primer trimestre de 2024 – Entrelineas).

Ubicando el problema de percepción de inseguridad pública en el municipio de Puebla, la encuesta del Inegi señala que tomando como referencia los mismos meses que a nivel nacional, es decir, marzo y diciembre de 2023 y marzo de 2024, el nivel de percepción pasó de 70.4, aumentando a 74.7, y descendiendo a 72.3, respectivamente. Significa que 7 de cada 10 personas mayores de 18 años que habitan en la capital del estado, experimentan los efectos de la inseguridad pública. Tales porcentajes son considerablemente superiores a la media nacional registrada en el periodo. También en marzo de este año, según la encuesta, el 35.1 por ciento de los habitantes del municipio de Puebla estimaron efectivo al gobierno municipal para resolver los problemas más importantes. Sobre los espacios físicos, aparece el transporte público como el lugar donde las personas se sienten más inseguras en Puebla, alcanzando entre los encuestados un nivel de 88.7 por ciento; luego sigue el cajero automático ubicado en la vía pública, con el 86.6 por ciento; ocupando el tercer lugar aparecen los mercados con el 73.4 por ciento; y, en cuarto, la carretera con el 67.9 por ciento.

Examinar la gráfica estadística que presenta el Inegi sobre percepción de inseguridad en su ciudad, abarcando el periodo de 2013 a marzo de 2024, permite apreciar que los más altos índices en este rubro se dieron durante el año 2018, en que tuvo lugar la elección presidencial en la que contendieron Meade (PRI), Anaya (PAN) y López Obrador (Morena). (Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 01 – 2024 (inegi.org.mx). De la misma forma resulta interesante analizar ese índice atendiendo a los lugares o espacios físicos en que se capta la percepción ciudadana de inseguridad -cajero automático en vía pública, transporte público, carretera, banco, calles de uso habitual, mercado, parque o centro recreativo, automóvil, centro comercial, trabajo, casa, escuela- tratando de intuir el estrato social de los encuestados que concurren a esos sitios, dado que la encuesta no lo registra. Puede aventurarse como hipótesis que los índices de percepción de inseguridad pública y su posible incidencia afectan, no necesariamente a los tenedores de riqueza sino a los ciudadanos medios, de a pie, pertenecientes a la clase trabajadora, como potencial mayoría de votantes en los procesos electorales. Es decir, el factor inseguridad pública puede ser convertido en motivo de inclinación electoral hacia determinados partidos políticos o candidatos.

En el plano nacional la candidata que representa a los partidos PRI, PAN, PRD, enarbola una campaña política izando la bandera del presunto combate a la inseguridad pública: <<Se acabaron los abrazos para los criminales, ahora se les aplicará la ley>>, <<El Ejército dejará de hacer obras y caprichos del Gobierno para concentrarse en la seguridad nacional. A los civiles, lo que corresponde a los civiles y a los militares lo que corresponde a los militares>>, <<Presencia permanente de la Guardia Nacional en ciudades más violentas. Duplicaremos su tamaño y tendrá mando civil>>, <<Tecnología contra la delincuencia para todos los gobiernos estales>>, <<Construiremos una prisión de alta seguridad con tecnología de punta para los peores criminales, se les acabaron los privilegios>>. (Xóchitl Gálvez resalta proyecto de 11 puntos para tener “un México sin miedo” (msn.com)).

En el plano municipal, en Puebla, el periodo de percepción de inseguridad en su ciudad, registrado por el Inegi, corresponde a la gestión del edil Eduardo Rivera Pérez (PAN), quien recientemente se separó del cargo para contender por la gubernatura. Las interpretaciones variopintas sobre su incremento parecen estar permeadas por intereses electorales. Aparecen, la que ofrece una visión parcial del índice <<en diciembre de 2023 la percepción de inseguridad en Puebla disminuyó al pasar de 74.7 por ciento al 72.3 actual>>; la que busca minimizar o quitar responsabilidad <<Durante 2023 la capital de Puebla experimentó un cambio en la presidencia municipal, pues Eduardo Rivera Pérez se separó del cargo para iniciar su campaña a la gubernatura, dejando a Adán Domínguez Sánchez en el cargo en diciembre>>; y la que, de plano, responsabiliza al sucesor en el cargo <<significa que durante los primeros tres meses de su gestión disminuyó la percepción de inseguridad, pero contra la gestión de su antecesor es más alta que hace un año>>.

Te podria interesar: Si amamos la paz…

Debe considerarse que el periodo 2021-2024 de la gestión municipal, con todo su historial político incluyendo el de la percepción ciudadana de inseguridad, corresponde a Eduardo Rivera que fue el elegido en urnas para desempeñar el cargo de presidente municipal; Adán Domínguez ocupó la posición de suplente desde que Rivera contendió electoralmente por el cargo y, luego fue designado gerente de la ciudad.  Lo que este haga, como sustituto, en su desempeño al frente de la administración municipal, también es responsabilidad política de Rivera Pérez.

Las posturas del expresidente municipal frente a la incidencia delictiva se basan en arrojar culpas a otros: <<El candidato a la gubernatura por Mejor Rumbo para Puebla, Eduardo Rivera Pérez, deslindó al ayuntamiento capitalino al afirmar que el alza en la incidencia delictiva dentro de la Angelópolis obedece a delitos del fuero federal y no local…sostuvo que las ejecuciones y otro tipo de violencia que se ha visto en la capital, la zona metropolitana y el interior del estado son delitos que no corresponden al orden municipal…el primer lugar en robos carreteros y huachicol en Puebla son delitos que no han sido atendidos por la Federación>>. (Eduardo Rivera: inseguridad en Puebla, por delitos federales (angulo7.com.mx). El sencillo método de dejar hacer, dejar pasar, para luego esgrimir -como escudo protector- los resbalosos argumentos de la competencia legal, del crecimiento en encuestas electorales o, del “descubrimiento” de que la seguridad es un tema complejo que involucra a los tres niveles de gobierno.

Es paradójico que en ciudades donde el Inegi establece la existencia de incrementos significativos en los índices de percepción de inseguridad pública, tengan lugar los desdoblamientos de personalidad política de quienes, siendo gobernantes, toleraron ese incremento y, al transformarse en candidatos a otro cargo de elección, levanten la bandera electoral de combate a la inseguridad pública prometiendo no descansar “hasta que regrese la paz, la tranquilidad a nuestros municipios, a nuestras calles, a nuestros hogares”. En este sentido, resulta cuestionable que los aspirantes a cargos de elección popular, en cualquier rango político, enarbolen como bandera electoral el tema de la inseguridad pública porque al tiempo que prometen combatirla, de llegar al cargo; para conseguir que sus arengas políticas prosperen requieren, necesariamente, que esa percepción ciudadana se incremente notablemente durante las campañas electorales, a través de los renglones torcidos de la política que posibilitan los poderes fácticos existentes en cada sociedad. Nunca será la mejor forma de participar en política.