En el estado de Puebla, el abandono y posterior invasión de viviendas en fraccionamientos de interés social ha desencadenado problemas de inseguridad, transporte y deterioro urbano. Tres casos destacados en la zona metropolitana reflejan las distintas aristas de este fenómeno.
En Galaxias Almecatla, Cuautlancingo, cerca del 30 por ciento de las casas están deshabitadas. La falta de transporte eficiente, con solo la ruta 22 operando con largas demoras, y problemas estructurales como el colapso de drenajes en temporada de lluvias han impulsado el abandono. Vecinos denuncian que estos inmuebles vacíos son ocupados por delincuentes, lo que agrava la inseguridad. Ante la carencia de vigilancia policial, los residentes han implementado medidas de autoprotección como rejas, cámaras de seguridad y reparación de alumbrado público.
En el fraccionamiento Misiones de San Francisco, situado entre Coronango y Tlaxcala, el problema escaló durante la pandemia de Covid-19, cuando agrupaciones como Antorcha Campesina y la UPVA ocuparon viviendas abandonadas. Esta invasión trajo consigo comercio informal, narcomenudeo y un aumento en delitos violentos. A pesar de la ocupación de muchas casas, el lugar carece de servicios básicos y enfrenta la amenaza de grupos delictivos organizados que operan en la zona.
Por último, en Valle San Miguel, en los límites de Huejotzingo y Domingo Arenas, viviendas construidas por la desarrolladora Homex sufrieron desde su origen problemas de calidad que provocaron su abandono. Actualmente, muchas de estas casas están invadidas y presuntamente habitadas por delincuentes. La inseguridad se agrava con invasores que han convertido el fraccionamiento en un refugio para actividades ilícitas. Aunque servicios como agua y drenaje han mejorado, los residentes enfrentan un entorno hostil, donde hasta los perros son utilizados como guardianes para proteger actividades ilegales.
En los tres fraccionamientos, el abandono y la invasión de viviendas reflejan no solo la falta de planificación urbana, sino también la ausencia de políticas efectivas para garantizar seguridad, servicios básicos y calidad en la construcción. Este fenómeno evidencia la necesidad de una intervención integral que frene el deterioro y recupere estos espacios para sus comunidades originales.