El gobierno de Puebla aprobó hace dos años la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ), la cual tendría a su cargo la investigación y persecución de los crímenes de odio en contra de este sector de la población. Dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), debe atender los delitos de discriminación por razones de orientación sexual, homofobia, transfobia, así como querellas donde los denunciantes, víctimas o imputados sean personas de esa comunidad, garantizando a plenitud sus derechos donde se presuma que la víctima lo fue en razón de su orientación sexual.
En el tiempo transcurrido desde su creación ha iniciado 319 carpetas de investigación y logrado dos sentencias y según los datos oficiales archivó de manera definitiva 250 casos –78.3 por ciento–, determinando el “no ejercicio de acción penal”.
Lo anteriro revela la inoperancia de la Unidad Especializada, más cuando Puebla se encuentra en el sexto lugar en el país con más agresiones en contra de personas de la comunidad LGBTTTIQ y ocupa el segundo lugar en discriminación. Lamentablemente, a cualquier edad y en cualquier parte de la entidad, las personas siguen siendo víctimas de discriminación por homofobia. El acceso al trabajo, la educación, los espacios públicos e incluso al ámbito familiar todavía están condicionados para quienes no se asumen como heterosexuales.
Y si bien la creación de la unidad puede verse como un avance de una larga lucha del movimiento social por el reconocimiento de la diversidad sexual, esos avances se ven cuestionados por las inercias que siguen atentando contra la identidad, la integridad e incluso la vida de las personas sexualmente diversas, más aun cuando según denuncian abogados, activistas y defensores, el personal comparte los mismos prejuicios que los autores de los crímenes de odio.