La Contraloría Nacional Autónoma del Agua exigió este sábado el irrestricto respeto al derecho humano al agua y la inmediata desprivatización del servicio del agua, drenaje y saneamiento en Puebla y cinco municipios metropolitanos.
A propósito del Día Mundial del Agua, la institución ciudadana que busca hacer frente a la crisis hídrica en México externó su apoyo a las luchas de las comunidades y colonias urbanas de Puebla, donde se privatizó el servicio del agua, drenaje y saneamiento desde el año 2014.
Desde entonces, informó que en Puebla se viene violando el derecho humano y señaló a la empresa Concesiones Integrales SA de CV del corte sistemático de agua y drenaje con el argumento de retraso en el pago del servicio.
Además, responsabilizó a la concesionaria de abusos por sobrecobro de tarifas y la contaminación del agua y de los ríos Atoyac y Alseseca.
Al respecto, expuso que Concesiones Integrales cobra un 30 por ciento de la tarifa por saneamiento y, a la fecha, estos cobros a alrededor de 500 mil usuarios, no se han traducido en acciones de tratamiento y saneamiento del agua.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua emitió un comunicado para pronunciarse a favor de una Ley General de Aguas (LGA) que reemplace la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al recurso, con participación ciudadana y gubernamental.
Dijo que esto solo será posible con una ley que establezca los mecanismos de planeación colaborativa en cada cuenca y acuífero del país, para corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la violación sistemática de los derechos al agua de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios del agua, problemáticas que ha permitido y propiciado la actual normativa.
El organismo con representación en 23 estados del país externó su preocupación por cualquier intento de “sanear” ríos exclusivamente a través de plantas de tratamiento y colectores, sin eliminar las fuentes de contaminación y sin involucrar a las comunidades locales en la regeneración de sus cuencas.
De manera particular, cuestionó cualquier intento de extraer volúmenes de agua de territorios indígenas y de comunidades rurales para llevarlas a ciudades que todavía no han logrado un uso eficiente del agua.
También demandó el respeto a la independencia e impulso de un nuevo modelo de gestión del agua de los Sistemas Municipales e Intermunicipales de Agua a nivel nacional, que hoy por hoy son utilizados como “cajas chicas” de algunos gobiernos municipales no permitiendo su desarrollo institucional y una gestión transformativa del agua nivel institucional.
Exigió el respeto a la autonomía de los Comités de Agua y/o Sistemas Locales en término de sus usos y costumbres, así como apoyo financiero y técnico para fortalecer su funcionamiento en interés de las comunidades, además que desde la CFE haya un trato especial y diferenciado a estas instancias dado el servicio de interés público que se ofrece.
Al final, la Contraloría se comprometió a reanudar el trabajo en colaboración y coordinación con los gobiernos para lograr la restauración hídrico-ambiental del país, a fin de garantizar agua de calidad, empezando con la corrección del sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el despojo y la contaminación impune que es el legado de la Ley de Aguas Nacionales.
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