Los abusos sufridos por personas de nacionalidad colombiana a manos de agentes migratorios mexicanos en el Aeropuerto Internacional de Cancún resultan inaceptables, más para un país como el nuestro que tiene un número importante de población que ha emigrado hacia Estados Unidos y ha tenido que soportar un trato discriminatorio y racista de agentes de ese país.
El Centro Agroecológico y de Conservación Náaybi Lu’um. Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, Misioneros A.C. Guardianes y Guardianas de Semillas del Sur de Yucatán, Solar agroecológico Yáax chée, Mama, Yucatán, Muuch’ Kanan, Mama, Yucatán y el Colectivo Suumil Mookt’an. Sinanché, de Yucatán, denunciaron mediante un comunicado que el 30 de noviembre campesinos colombianos pertenecientes a las organizaciones Coagros, Asogranjas, Asociación Convite Campesino, Fundación San Isidro, y funcionarios de Agrosavia, SENA, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y GOPA-AFC, fueron deportados, humillados y maltratados. El grupo viajaba a la península de Yucatán para participar en un intercambio con nuestras organizaciones, con el respaldo de la cooperación alemana y académicos de la ENES Mérida de la UNAM.
El escrito agrega que este no es un caso aislado, sino que “en los últimos años se ha convertido en una práctica sistemática retener injustificadamente a ciudadanos de países latinoamericanos, en su mayoría colombianos, en las salas de migración de los aeropuertos mexicanos. Este grupo contaba con todos sus requisitos de ingreso, reservaciones, itinerario, cartas de invitación de la UNAM, respaldo de la organización alemana y vuelos de regreso; aun así, fueron despojados de sus celulares, y aislados, durante varias horas, en un espacio que describen como celdas, con personas que llevaban varios días allí, en condiciones deplorables. Nunca se les explicó las razones por las que no se le permitió el ingreso al país, ni hubo posibilidad de que se comunicaran con la cancillería colombiana. Al momento de su deportación fueron organizados en fila, escoltados por agentes migratorios y tratados como delincuentes”.
Además de expresar su indignación, exigen que este caso sea investigado y visibilizado como una violación de derechos humanos y lamentan el comportamiento de personal del Instituto Nacional de Migración de México.
La Jornada retomó en su edición del martes 3 de diciembre la denuncia de las organizaciones mayas y el miércoles 4, página 14, en una nota de Néstor Jiménez, la denuncia que realizó Cindy Córdoba Vargas, académica colombiana y co-líder del proyecto colombiano-alemán de agroecología, relató que después de estar siete horas detenida, en un “calabozo” en condiciones insalubres, fue junto a sus compañeros tratados por los agentes del INM como “delincuentes” y deportados. En el lugar, expuso la académica pudo observar a otras personas, alrededor de 15 en una de las áreas y otras 50 más en otras áreas, casi todas colombianos. Rompeviento TV, noticiero matutino digital, dio seguimiento al indignante hecho y entrevistó a personas afectadas; el INM envió una carta en la que justificaba la acción de deportación amparada en una serie de artículos de la legislación vigente a la que Cindy Córdoba Vargas, desmintió puntualmente.
El trato de agentes migratorios en el aeropuerto de Cancún y otros ha sido denunciado por hechos similares y por diversas organizaciones; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos cuatro años ha emitido 12 recomendaciones por hechos irregulares que impidieron el acceso a extranjeros; sin embargo, nada se hace.
El caso arriba mencionado se ha podido conocer porque las organizaciones yucatecas y académicos que iban a recibir a los campesinos y académicos colombianos denunciaron y difundieron el trato y la arbitrariedad cometida. Imaginemos lo que tienen que vivir las y los jóvenes turistas y viajeros que buscan ingresar al país, sin cobertura institucional. Incluso, agencias de viajes colombianas y medios de comunicación de ese país están desalentando a turistas colombianos visitar el caribe mexicano por el trato que han recibido muchos de sus connacionales y están optando por dirigirse a República Dominicana.
Sin embargo, por lo que vemos la situación sigue empeorando y el papel del INM y sus agentes refleja arbitrariedad, prepotencia, discriminación, racismo en el marco de una política migratoria impuesta, donde las personas y familias migrantes son tratadas como delincuentes al igual del trato que reciben los migrantes mexicanos por la migra estadounidenses.
Además, no existe información ni reportes del INM que permita saber el número de personas retenidas en los aeropuertos ni su destino, lo que refleja una mayor vulnerabilidad para las personas detenidas e incomunicadas. No hay duda que el instituto necesita una cirugía mayor y veremos si la nueva administración, encabezada por el saliente gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, puede enfrentar ese desafío.