El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas brindará nuevamente medidas cautelares a Elizabeth Rodriguez Lezama, luego del ataque que sufrió en su hogar la corresponsal en Tehuacán de La Jornada de Oriente.
“Vendrá un visitador para determinar las medidas, pero la propuesta es proporcionarme un botón de pánico y rondines de la Policía Estatal en mi domicilio”, dijo ayer la periodista.
Rodríguez Lezama ingresó al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2016 por amenazas que sufrió a través de su teléfono celular y, sin que las investigaciones por esos hechos hubieran sido esclarecidas, la seguridad le fue retirada en 2022.
La noche del miércoles 27 de noviembre dos sujetos rompieron los cristales de la morada que la informadora ocupa con su familia en Tehuacán, lo que evidentemente ha sido considerado un ataque contra su libertad de expresión.
Por su parte, La Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla emitió un comunicado condenando la agresión, el cual se reproduce a continuación:
“Barra Libre de Abogados Democráticos de Puebla manifiesta su enérgica condena a las agresiones sufridas por Elizabeth Rodríguez Lezama, corresponsal de La Jornada de Oriente en Tehuacán, quien ha enfrentado ataques a su integridad física y amenazas que buscan amedrentar su labor periodística. Este tipo de actos constituyen una violación flagrante a la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
“En un contexto donde el ejercicio periodístico es indispensable para visibilizar problemáticas sociales, resulta inaceptable que quienes cumplen con este deber sean objeto de violencia y hostigamiento. Elizabeth Rodríguez Lezama ha destacado por su compromiso al informar sobre temas de interés público, incluyendo conflictos sociales y medioambientales, lo que la ha convertido en blanco de agresiones que pretenden silenciar su voz y limitar el derecho de la ciudadanía a estar informada.
“Es especialmente preocupante que estas agresiones se den en un clima de impunidad, en el cual los responsables de atacar a periodistas rara vez enfrentan las consecuencias legales correspondientes. Esto envía un mensaje de permisividad ante la violencia y pone en riesgo no solo a quienes ejercen el periodismo, sino también a la sociedad en general, al restringir el flujo libre de información.
“Exigimos a las autoridades competentes, tanto a nivel estatal como federal, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, transparente y efectiva para identificar y sancionar a los responsables de estas agresiones. Asimismo, hacemos un llamado al gobierno del estado de Puebla para que refuerce las medidas de protección a periodistas y garantice un entorno seguro para el ejercicio de su labor”.