Aunque los industriales sostengan que cumplen con la norma de descarga de descargas residuales, esta es más laxa actualmente y, por tanto, aunque estén apegados a ella no quiere decir que no estén contaminando ríos como el Atoyac, indicó Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Expuso a La Jornada de Oriente que en los años 80 hubo una modificación a las normas ambientales y posteriormente se migró a una nueva que, para el caso del agua, solo tiene 16 parámetros para medir temperaturas grasas y aceites, demanda química de oxígeno y demanda bioquímica de sólidos suspendidos totales, por citar algunos.
“Eso en sí mismo lo que hizo fue legalizar una injusticia y una impunidad por parte de la justicia para operar, por eso el líder de la Canacintra sale a decir: estamos cumpliendo con la norma, claro, porque la norma fue modificada, pero es cancerígena… El colorante, (el agua) puede ir roja, azul, morada, verde y hasta apenas hubo una modificación a la norma (NOM001-SEMARNAT-2021) que entra en vigor hasta 2024, o sea, en este momento, aunque vaya del color que vaya no es delito… Los ftalatos, son tóxicos, neurotóxico, puede haber la cantidad que sea, pero la norma no mide esas sustancias”, manifestó.
Destacó que a lo largo de la Cuenca del Atoyac hay más de 20 mil empresas asentadas, entre otros sectores, del automotriz, textil, farmacéutico, papelero, de alimentos, refresquero y metalmecánica.
Méndez Serrano expuso que la referida cuenca tuvo un parteaguas cuando Pemex instaló el Complejo Petroquímico independencia, en Moyotzingo, junta auxiliar de Texmelucan; y con el arribo de Volkswagen a Coronango y Cuautlancingo, en los años 60.
Al quedarse en la entidad, generaron una modificación en el territorio y el crecimiento de corredores industriales, añadió.
Entre estos se encuentra, el corredor industrial Quetzalcóatl, que está ubicado en San Baltasar Temaxcalac, junta auxiliar de San Martín Texmelucan.
“Está por ejemplo Rassini, que hace frenos; Global Denim, una de las grandes textileras, que están desechando sus aguas a un colector que están en medio de un corredor, que desemboca al Atoyac, ya en la colindancia con Tlaxcala, en Villa Alta; las que hacen esencias de sustancias”.
Otro corredor es el de Huejotzingo, donde hay textileras, algunas de ellas fabricantes de asientos de automóviles; gaseras, refresqueras como Big Cola y de una gama de industrias que en un colector van a desechar sus aguas a uno de los afluentes del Atoyac, al rio Xochiac, agregó.
Alejandra Méndez indicó que en el agua de los afluentes se han encontrado metales pesados como aluminio, plomo, cadmio y azufre; compuestos orgánicos volátiles, como benceno, cloroformo y cloruro de metileno.
Comentó que todas esas sustancias, al recombinarse, generan otras nuevas que están dañando a la salud.
“La cuenca del Atoyac tiene cuatro acuíferos importantes y riachuelos, uno es el Atoyac, que viene de Tlahuapan; Zahuapan, Alseseca y la Presa Manuel Ávila Camacho. Son las cuatro micro cuencas que componen y todos los ríos que van abasteciendo son parte de la cuenca. Se ha documentado que varias industrias vierten sus desechos”.
Contaminación del Atoyac ha generado daño genotóxico
La directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano, recordó que en octubre de este año se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) el Primer Foro Regional “Diálogo entre comunidades, academia y gobierno sobre la problemática multidimensional de contaminación de la Cuenca del Alto Atoyac”, en el cual se evidenció la toxicidad de los afluentes y las afectaciones en la salud de la población.
Indicó que durante el mismo, la investigadora Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, mostró un estudio que comprueba que hay un daño en los genes de la población por exposición a la contaminación y esa afectación lo que provoca es alta vulnerabilidad para contraer enfermedades como las que se presentan en la cuenca, tales como cáncer e insuficiencia renal crónica, además de abortos espontáneos, entre otras.
Además, refirió, hubo investigaciones que expusieron cómo el consumo por parte de los animales de algunos afluentes hace que estén metabolizando metales pesados y sustancias tóxicas que no pueden desechar y que, por ejemplo, están presentes en la leche de la vaca y luego en el queso.
“Eso es por los desechos de las grandes industrias, residuos hospitalarios, agrotóxicos que están dentro de la agricultura… pero que al ser utilizados en los campos y luego los afluentes los llevan a los ríos; es un problema complejo”.
Méndez Serrano destacó que una conclusión permanente en la mayoría de las exposiciones científicas es que el problema está en los desechos que arrojan sobre todo en la mediana y gran industria.
Reiteró que la norma ambiental es muy permisiva y varias de estas sustancias que son tóxicas no se miden cuando se hacen inspecciones de calidad del agua
Expuso que un caso es el benceno, que está demostrado que es cancerígeno y a pesar de su fuerte presencia en la cuenca, no se encuentra dentro de la norma ambiental para la medición de la calidad del agua
La directora subrayó que es evidente que el Atoyac y otros ríos están contaminados “es como un canal de aguas negras, lo que logras ver en algunas zonas son colorantes, el agua va negra, azul, verde… pero el olor es muy fuerte, es muy tóxico… Si estás a altas horas, 8, 9, 10 de la noche, de manera empírica una podría ubicar que es en la noche que es cuando mayor descarga hacen (de contaminantes)”, comentó.
Impunidad legalizada
A decir de Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, aunque ha habido cambios a las normas ambientales, estos han sido justamente para que las industrias puedan decir que están operando en la legalidad.
“Lo que nosotras estamos denunciando es que es una impunidad legalizada porque estas sustancias (contaminantes) son las que están matando a la población de la región”, manifestó.
Subrayó que no basta con cumplir para que las empresas puedan decir que están actuando en el marco de la garantía de respeto a los derechos humanos.
La directora añadió que otro problema más, es que cuándo se piensa en el saneamiento se piensa en plantas de tratamiento, pero son biológicas y no pueden limpiar el agua que arrojan las industrias que están conectadas a los drenajes municipales.
“Se hace negocio con el saneamiento porque se destina presupuesto para la construcción de plantas de tratamiento, pero estas plantas son inservibles o no funcionan porque hay otras sustancias que son de origen doméstico”.
Destacó que a la ciudadanía nunca le informan que el costo del funcionamiento de las plantas recaerá en la población y que además es elevado, por lo que cuando las mismas empiezan a operar, la gente no aporta
Refirió que actualmente más del 50 por ciento de las plantas tratadoras no están operando y de las que sí lo hacen, ninguna lo hace al 100 por ciento.
Con toda esta situación, dijo, las personas ven violentados sus derechos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, a la información, a la vida, a la integridad física, a seguir siendo comunidades y a continuar disfrutando de su agricultura tradicional, pues cuando el Atoyac estaba limpio tenían hasta tres cosechas al año.