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Activistas de la Asociación Civil Dale la cara al Atoyac denunciaron que el Soapap desacató el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al entregar de manera incompleta el contrato que privatiza el servicio del agua por 30 años en Puebla y que fue concedido a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
De acuerdo con la asociación, en el expediente entregado el pasado viernes “no viene el costo que tendría al gobierno del estado rescindir el contrato con la empresa”.
Acusaron que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) guardó secrecía en lo que refiere a los anexos de extinción de la concesión del servicio del agua, donde se señalan los montos de indemnización, en caso de abrogarse su privatización.
En rueda de prensa, explicaron que encontraron en el título de concesión diversas irregularidades como la debilidad de los ayuntamientos en el manejo del servicio del agua.
Las declarantes dijeron que no quisieron hacer pública la concesión con anterioridad para evitar que el Soapap interpusiera un recurso de revisión y frenar su publicación.
Expusieron que en marzo de 2017 se interpuso la demanda del juicio de amparo indirecto, como ciudadanos afectados por la contaminación del Río Atoyac y los daños a la salud que causa por la respiración, contacto e ingesta de alimentos.
Comentaron que la denuncia fue presentada por un grupo de 40 individuos que presentó a una Alianza que ganó el rescate de Xochimilco.
Informaron que los demandantes por omisión son los gobiernos estatales de Puebla, Tlaxcala, así como la Federación, además de las dependencias de Conagua, Semarnat y Profepa.
Asimismo, sumaron, los ocho municipios de la cuenca de ambas entidades que contribuyen de mayor manera a la contaminación, entre los que se encuentran San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y las ciudades de Puebla y Tlaxcala.
Acusaron que Concesiones Integrales se rehusó a presentar la contrato, tomando atribuciones de autoridad que no le corresponde, por eso se les exigió cumplir con la Ley.
En 2013, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se privatizó el agua pero nunca se conocieron las bases en la que fue fundada la concesión ni cuáles eran las responsabilidades de Concesiones Integrales en términos del agua potable y su saneamiento.
“Como ustedes saben no se cumplió con otorgar agua potable ni el saneamiento, que es lo que nos ocupa como asociación civil, además ninguna de las plantas de agua potable están funcionando”, reclamaron.
En ese contexto, dijeron, lo que buscó el amparo indirecto es la remediación completa de la cuenca hídrica.
Consideraron que el juicio ganado “es una herramienta jurídica pionera”, donde las autoridades demandas van a tener que crear un plan de acción y cumplirla de acuerdo a la recomendación del juez.
“No sólo cumplirán su responsabilidad de aquí en adelante, sino harán un esfuerzo por recuperar el cuerpo de agua del Atoyac y Alseseca, así como de la flora y fauna”, enfatizaron.