La desaparición de personas en Puebla no se ha detenido, por el contrario, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el periodo comprendido entre 2021 al 30 de junio de 2023, las denuncias por desaparición han ido en aumento.
En 2021 se registraron mil 461 personas desaparecidas a través de denuncias; durante 2022, la dependencia reportó mil 713 -siendo este el año que más denuncias ha registrado desde 2012- y para el corte de 2023 había 977.
Permanecen sin ser localizadas 169 personas, cuya desaparición se denunció en 2021; son 215 quienes siguen sin localizar desde 2022 y, para junio de 2023, iban contabilizadas 152 personas que permanecen desaparecidas.
Son las infancias y juventudes las que se ven principalmente afectadas por la desaparición en el estado. En este mismo periodo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó que son hombres jóvenes de entre 21 y 30 años los que concentran el mayor índice de desaparición, con 257 individuos. Por otro lado, las mujeres y niñas, de los 11 a los 20 años son de quienes más reportes hay, 255 en total.
Las autoridades no han respondido de acuerdo con lo que establecen las leyes en la materia, ni ha atendido las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la ONU.
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El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, consigna en el informe “A 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Balance de la situación de los derechos humanos en Puebla, que en la entidad siguen pendientes sistemas y herramientas ordenadas tanto por la Ley General en materia de desaparición como la Ley de Búsqueda de Personas del estado; tal como el Banco Estatal de Datos Forenses que, de acuerdo a información de la FGE, para mayo de 2023 se estaban llevando a cabo reuniones para su implementación.
Otros pendientes en la materia son la creación del Programa Estatal de Búsqueda y el Registro Estatal de Personas Desaparecidas por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP).
“Proteger los derechos de las víctimas, directas e indirectas de la desaparición, debe ser una prioridad ante este escenario; sin embargo, el Congreso estatal sigue siendo omiso respecto a emitir la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, misma iniciativa que fue presentada en el poder legislativo el 5 de octubre; después de su elaboración entre el equipo de la diputada Mónica Silva, el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y la Ibero Puebla, a través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática”, consigna el informe.
En ese sentido, añade que “es relevante recuperar el llamado que hizo el Comité CED al Estado mexicano, en su informe por su visita al país, publicado en abril de 2022: “erradicar todas las causas estructurales de impunidad”. Lo cual implica que, aquellas instituciones pertenecientes al sistema encargado de la administración de justicia, eliminen las prácticas que ‘obstaculizan el acceso a la justicia y perpetúan a la desaparición forzada como el paradigma del crimen perfecto”.
Apunta que “el reducido número de sentencias por desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, perpetúa este paradigma y replica mensajes de permisividad, además de dar cuenta de un sistema judicial con pocas capacidades de investigación que, al final, vulneran el derecho de las personas desaparecidas y sus familias a acceder, no sólo a la justicia, sino a la verdad.
“En este contexto de violencia e impunidad es que las familias de personas desaparecidas en el estado siguen organizándose y exigiendo sus derechos y los de sus familiares que siguen sin regresar a casa. Son ellas, desde su organización colectiva quienes llevan a cabo búsquedas eficientes y sensibles, así como acompañamiento entre pares. Esta labor tan digna y amorosa sigue supliendo las obligaciones que el Estado está fallando en realizar, y que, no están exentas de riesgos a su integridad y a su vida. Por ello, es fundamental que las distintas instituciones del Estado garanticen el derecho de las familias a participar tanto de la investigación como de la búsqueda, siendo informadas adecuadamente de las acciones de búsqueda, garantizando que puedan proponer acciones de investigación y dar su opinión respecto a las mismas, así como acceder a los expedientes del caso de su familiar.
El IDHIE indica que “frente a este contexto de vulneraciones a derechos humanos, realizamos las siguientes recomendaciones: En términos generales, por una parte, colaborar y trabajar de manera coordinada y desformalizada de acuerdo con lo establecido en los Ejes Rectores del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y por otra parte, garantizar el derecho de participación de las familias de personas desaparecidas en los procesos de investigación y búsqueda de sus seres queridos.
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A la Fiscalía General del Estado de Puebla. • Finalizar la implementación del Banco Estatal de Datos Forenses, el cual debe interconectarse en tiempo real con el Banco Nacional de Datos Forenses. A la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. • Realizar las investigaciones tomando en cuenta las circunstancias particulares de la persona desaparecida, así como de sus familiares; considerando si son niños, niñas o adolescentes, personas indígenas, mujeres, personas adultas mayores o personas migrantes. Esto, con el fin de fortalecer las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia y la verdad. A la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla”.
También recomienda crear el Registro Estatal de Personas Desaparecidas de acuerdo a lo establecido por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Asimismo, presentar ante el Sistema Estatal de Búsqueda el Programa Estatal de Búsqueda.
A la LXI Legislatura del Congreso del estado de Puebla le pide garantizar y proteger los derechos de las víctimas directas e indirectas de la desaparición de personas y aprobar la iniciativa de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas de acuerdo a lo dictado en la Sentencia recaída al Amparo Indirecto 1129/2023-IV emitido por la jueza cuarta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, del 28 de septiembre de 2023.