Dos manifestaciones en el centro de la ciudad de Puebla expresan la inconformidad de diversos sectores de la población, una ante las actuales condiciones económicas y su precaria condición, y otra frente a una medida gubernamental preexistente como es la verificación vehicular, pero que había dejado de aplicarse por casi tres años y que se restableció a fines del pasado.
En el caso de los sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores, la demanda central es mejores salarios y condiciones laborales. El incremento inflacionario de los últimos tiempos ha mermado el ingreso de los trabajadores, aunque algunos sindicatos lograron aumentos de dos dígitos. Sin embargo, ello no compensa la caída de sus ingresos, cuando, como en el caso de la industria automotriz, se han visto afectados por los recurrentes paros técnicos, afectaciones que se han mantenido en el mes de enero.
En el segundo caso y más allá de los intereses políticos que pueden estar atrás, desde la mañana integrantes del Frente de Pueblos Productores de Hortalizas y Legumbres, de la región de Cholula, se manifestaron frente Casa Aguayo contra la verificación vehicular, exigiendo diálogo con el gobierno, previo a toparse y enfrentarse con la Policía que resguarda la casa de gobierno. Al filo de las 16:45 horas cerraron el paso en el Bulevar Héroes del 5 de Mayo de la capital poblana, a la altura de la 14 Oriente, exigiendo que el secretario de Gobernación, Julio Huerta, recibiera a sus representantes. No sabemos los acuerdos a los que llegaron para desbloquear la vialidad, pero no hay duda de que, para un sector importante de la población la medida se ve solo como recaudatoria, sin tomar en cuenta las precarias condiciones en que muchas familias sobreviven, además golpeadas por la pandemia.
Si bien la verificación vehicular es parte de la política ambiental, que busca reducir los niveles de contaminación y que en el caso poblano es parte de las acciones de gobierno que corresponden a las decisiones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, conformada por siete entidades federativas: Ciudad de México, Estados de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y que muy difícilmente las autoridades den marcha atrás, deberían diseñar acciones que permitan atender y encontrar salidas para esta problemática.