Dos conflictos se suscitaron hoy entre diferentes sectores de la población y el ayuntamiento capitalino. El primero deriva de la exigencia de empresarios establecidos del Centro Histórico de reabrir las calles 6, 8 y 10 Oriente–Poniente, debido a que el cierre les ha provocado una caída de más de 50 por ciento en sus ventas, por lo que bloquearon la 11 Sur a la altura de la Avenida Reforma, lo que generó un severo conflicto vial, debido a la importancia de la vialidad para la movilidad en la ciudad y por donde circula una de las líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por lo que muchos usuarios debieron caminar para llegar a sus trabajos o escuelas en la zona del Paseo Bravo. Finalmente, la fuerza pública desalojó a los manifestantes y reabrió la vialidad.
El pasado 20 de agosto el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico (CCCH) exigió al ayuntamiento de Puebla que reabra las calles que cerró en días pasados para evitar la instalación de vendedores ambulantes; sin embargo, esta petición fue desestimada, desconociendo la representatividad de esa asociación. Mientras que la autoridad municipal ha negociado con los afiliados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) acordando la apertura gradual de las calles que se tienen bloqueadas para evitar la instalación de los ambulantes.
La manifestación de ayer evidencia que la Canaco no es representativa de todos los comerciantes establecidos en el Centro Histórico y que la autoridad municipal debería escuchar las distintas voces en una problemática tan amplia y compleja como es la del comercio.
El otro conflicto se suscitó en el área de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) ya que, según los vecinos inconformes, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla se había comprometido que no habría peatonalización en el perímetro de la universidad; sin embargo, ayer lunes la 21 Sur, de la 13 a la 9 Poniente, amaneció con la presencia de bolardos que impidieron el paso de vehículos, lo que provocó conflictos viales, y la protesta de los habitantes de la zona, quienes señalaron a la subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez Cruz, de haberlos engañado, ya que prometió que no habría calles peatonalizadas.
Los conflictos revelan la necesidad de conciliación en que debería inscribirse la gestión del ayuntamiento de la capital, donde los diversos actores presentes en la ciudad tienen derecho a ser escuchados y por tanto sus puntos de vista ser incluidos en los proyectos y decisiones que se toman por instituciones y gobiernos, que deberían tener la sensibilidad política y social para recuperar las voces y necesidades más sentida de los habitantes de la ciudad.