Puebla se encuentra entre los estados del centro de México con mayor exclusión financiera, según el Informe de Movilidad Social en México 2025, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). El documento revela que 58 por ciento de las mujeres y 49 por ciento de los hombres en la entidad no tienen acceso a servicios financieros formales, como cuentas bancarias, créditos, seguros o mecanismos de ahorro regulados. Esta situación refleja una brecha significativa que limita las oportunidades económicas y sociales de casi la mitad de la población masculina y más del 50 por ciento de la femenina.
La exclusión financiera implica que estas personas no tienen acceso a productos y servicios básicos que facilitan la administración de sus recursos, como ahorro seguro, créditos para inversión o seguros que protejan su patrimonio.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2022, a nivel nacional el 36 por ciento de la población adulta no tiene acceso a servicios financieros formales, lo que coloca a Puebla por encima del promedio nacional en términos de exclusión.
El impacto de esta exclusión es profundo. La falta de acceso a servicios financieros limita la capacidad de las personas para enfrentar emergencias económicas, invertir en educación o emprendimientos, y proteger sus ingresos ante imprevistos. Además, dificulta la participación plena en la economía formal y restringe la movilidad social, especialmente en sectores vulnerables y en zonas rurales, donde la infraestructura financiera es escasa.
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El informe del CEEY destaca que la brecha de género en inclusión financiera es una problemática persistente. Las mujeres enfrentan mayores obstáculos debido a factores como la menor disponibilidad de recursos, responsabilidades domésticas y laborales, y la desconfianza en las instituciones financieras.
Además, el Banco de México ha señalado que la educación financiera sigue siendo insuficiente en muchas regiones, lo que contribuye a la desconfianza y al bajo uso de productos financieros formales. La falta de infraestructura, como sucursales bancarias y cajeros automáticos en localidades alejadas, también limita el acceso a estos servicios.
Históricamente, México ha impulsado políticas para ampliar la inclusión financiera, como la creación de la Comisión Nacional para la Inclusión Financiera (CNIF) y programas de educación financiera. Sin embargo, los resultados son desiguales y Puebla representa un reto importante para estas estrategias.
El CEEY subraya que es fundamental implementar políticas públicas focalizadas y programas de educación financiera que atiendan las necesidades específicas de mujeres y hombres en contextos vulnerables. Solo así será posible cerrar la brecha y garantizar un acceso equitativo a los servicios financieros, lo que contribuirá a reducir la desigualdad y fomentar el desarrollo económico sostenible en la entidad.
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