Inaceptable la propuesta de “castración química” a agresores sexuales: CDHE

La recién nombrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, condenó la propuesta del gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, de penar con “castración química” a agresores sexuales, por atentar a la dignidad y las garantías individuales. 

La CDH fue frontal al considerar esta media del morenista como incompatible con los estándares internacionales.

A través de redes sociales, la ombudsperson expresó que es “cruel, inhumana y degradante”, además de que viola los derechos humanos.

Ante lo expuesto, se pronunció en contra de esta, luego de que Armenta Mier anunció que propondrá sancionar con castración química a los violadores en Puebla. 

Dicho método consiste en una inyección química a los agresores para “disminuir el libido”, sin que exista “machete o guadaña”, en palabras del mandatario electo.

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Incluso, en 2021 presentó esta propuesta en el Senado de la República que causó controversia, por violentar los derechos humanos.

Sobre el planteamiento, Sánchez Soya dijo que, “con relación a las declaraciones realizadas por el gobernador electo, la CDH se pronuncia en contra de considerar la castración química como sanción, pues su implementación es un trato cruel, inhumano y degradante, violatorio de derechos humanos”.

La presidenta de la CDH recalcó que existen otras formas de sanción que respetan los derechos humanos y no incurren en prácticas degradantes.

Por lo tanto, comentó que al frente del organismo estatal continuará luchando por la protección de los derechos, en especial de aquellas que sufrieron o sufren violencia.

Alejandro Armenta advirtió, el pasado martes, que en cuando asuma funciones el 14 de diciembre próximo, planteará esta iniciativa al Congreso del estado. 

Durante su administración, dijo que no se permitirán abusos contra niños, niñas y mujeres, por lo que aplicarán todo el peso de la ley.

La propuesta generó polémica en Puebla, polarizando opiniones entre quienes exigen sanciones más severas y aquellos que defienden los derechos humanos.