El secretario de Salud José Antonio Martínez García explicó que Puebla no ha aceptado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) asuma el control del sector que está a cargo del gobierno estatal, debido a que no hay condiciones por la crisis que enfrenta el IMSS desde la desaparición del hospital San Alejandro.

Además, alertó que las 15 entidades federativas que aceptaron federalizar el servicio, a propuesta del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, enfrentan problemas laborales con el personal basificado.

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En comparecencia ante el Congreso local, con motivo del cuarto informe del gobierno del estado, aseguró que son recurrentes las quejas por la incapacidad del IMSS para prestar atención médica a sus afiliados, principalmente del Hospital General de Zona 20 “La Margarita”.

Dijo que la Secretaría de Salud del estado ha compensado los problemas que enfrenta esa institución, brindando servicio a su población adherida. En los años pandémicos de 2020 y 2021, agregó, se atendió por año a 800 personas con seguridad social.

“No podemos tapar el sol con un dedo. Todos ustedes tienen quejas del hospital de La Margarita (…) Aquí en Puebla no hay condición para (…) la federalización de los servicios”, enfatizó el funcionario público a los diputados presentes en la sesión del viernes pasado.

Afirmó que todo el sistema IMSS falló en Puebla después de que deja de brindar servicio el Hospital General Regional 36 “San Alejandro”, por los daños que provocó en su infraestructura el temblor de 2017.

La centralización dificultaría la atención médica, alerta el funcionario  

El secretario sostuvo que los servicios de salud del estado de Puebla son ahora mucho más eficientes que el IMSS, por lo que la centralización solo provocaría dificultades en la atención a la población.     

“Voy a poner un ejemplo: en unidades médicas el IMSS tiene 333; los servicios de salud del estado, 755, más todas las casas de salud, que suman más de mil 500”, ilustró.  

En ese contexto, señaló que la federalización no es conveniente en Puebla “por lo menos ahorita”, pues si el modelo se hubiera implementado hace 10 años “la respuesta (del estado) hubiera sido claro que sí, de inmediato”.  

En cuanto a los problemas jurídicos que ha desencadenado la federalización del servicio, mencionó el caso de Tlaxcala, donde el personal basificado ha acusado malas condiciones para cumplir con sus responsabilidades.